Extraído del Pagina 12 del 28/08/2007
Una movida con apoyo oficial para despenalizar el consumo de drogas
El ministro de Interior, Aníbal Fernández, reafirmó el nuevo paradigma de lucha contra el tráfico de drogas, en una conferencia organizada por una ONG que impulsa la despenalización del consumo personal.
¿A ustedes les parece que le puedo decir a mi hijo de 22 años, estudiante de Medicina y fanático de los Redondos, que si fuma un cigarrillo de marihuana se muere? ¿Y creen que si se lo digo me va a dar pelota?, planteó ayer el ministro del Interior, Aníbal Fernández, en el auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados. Fue al inaugurar la V Conferencia Nacional de Políticas de Drogas organizada por una ONG que impulsa la despenalización de la tenencia de droga para el consumo personal. Fernández reafirmó el “nuevo paradigma” que propone desde su cartera para enfrentar el problema, que apunta a dejar de perseguir a los consumidores y poner el eje de las políticas represivas sobre la distribución, el comercio y el narcotráfico. También estuvo el vicepresidente Daniel Scioli en el acto de apertura.
Es la primera vez que funcionarios de tan alto rango del Gobierno dan su apoyo –con su presencia– al encuentro que realiza cada año desde hace cinco la Asociación Civil Intercambios, donde jueces, fiscales, funcionarios, legisladores e investigadores de las ciencias sociales debaten sobre respuestas alternativas a las perspectivas predominantemente punitivas para enfrentar la problemática de las drogas. Intercambios trabaja desde hace diez años en el país en políticas de drogas desde una perspectiva de “reducción de daños”.
La Conferencia se desarrolla en el auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados. Durante su discurso, el ministro del Interior consideró que la normativa centrada en perseguir a los consumidores, “parangonando al drogadicto con subversivo”, ha sido “un verdadero fracaso” y “no nos dio otra cosa que dolores de cabeza”. Y destacó que “más del 50 por ciento” del total de las investigaciones llevadas a cabo en el fuero federal en todo el país son por violación a la Ley de Drogas y “de éstas la mayoría son contra consumidores”. Cada una de estas causas, apuntó, cuesta “15 mil pesos” y “tener una persona en la cárcel tiene un costo muy alto”. “Estos costos representan el 39 por ciento del Programa de Seguridad Alimentaria o multiplicar por dos el Programa Nacional de Lucha contra el Sida”, detalló.
El ministro reafirmó que “las políticas represivas deben desempeñar un rol relevante en lo atinente a la distribución, comercio, narcotráfico. Queremos diferenciar las políticas sanitarias de reducción de daños, para ocuparnos nosotros, desde el Ministerio del Interior, de la persecución criminal. Sabemos que algunos nos criticarán, pero les proponemos revisar todos los documentos de Naciones Unidas que sugieren separar lo criminal de las políticas de salud”, afirmó. Este “nuevo paradigma”, dijo, “no tiene marcha atrás”.
A su turno, Scioli marcó la necesidad de recuperar los valores y la familia como ejes fundamentales de contención social.
La presidenta de Intercambios, Graciela Touzé, afirmó: “Es hora de que instalemos un discurso y una práctica coherentes y despenalicemos, de hecho y de derecho, la tenencia de drogas para consumo personal”.
–¿Cómo analiza el discurso del ministro del Interior? –le preguntó Página/12.
–La pregunta es si ese discurso es homogéneo en todo el Gobierno. De todas formas, nos parece sumamente alentador, como la posición que están teniendo muchos jueces que vienen sobreseyendo a imputados por tenencia para consumo y declarando la inconstitucionalidad de la ley en ese punto”, respondió Touzé. Y recordó que hasta 1974 la tenencia para consumo no estaba penalizada en el país. “En 1986, la Corte Suprema de Justicia la volvió a despenalizar de hecho al dictaminar en un famoso caso conocido como Bazterrica que era inconstitucional porque violaba la privacidad de las personas. Pero esa postura se modificó con la ley de drogas de 1989, que la volvió a penalizar”, detalló.
La Conferencia finaliza hoy y se realiza con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. “El objetivo es propiciar el debate social informado, basado en evidencias científicas, a fin de contribuir a la consolidación de una opinión pública favorable a respuestas alternativas a una política de mano dura para enfrentar el problema de las drogas”, explicó Touzé.
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