Concluyó la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas

Concluyó la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas

En políticas de drogas América Latina va por delante de los Estados Unidos

Con un fuerte debate sobre cómo la ilegalidad del mercado de las drogas alimenta al negocio del narcotráfico, ya que la prohibición lleva a que el kilo de cocaína tenga un valor de U$S 1600 en Colombia y se venda a U$S 97 mil en el menudeo en Estados Unidos, concluyó hoy la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas en Río de Janeiro. Representantes de gobiernos y expertos de trece países de la región debatieron reformas legislativas para despenalizar al consumo, diferenciar al microtráfico del crimen organizado y avanzar en estrategias de reducción de daños.

(Río de Janeiro, 27 de Agosto de 2010; 18:30 Hs) “En la mayoría de los países de la región las leyes sobre drogas son regímenes especiales, lo que quiere decir que son de carácter excepcional y esto va en desmedro de las garantías fundamentales de los procesados, porque las penas son desproporcionada y las prisiones están llenas de mulas atrapadas en el sistema carcelario y no de grandes traficantes”, afirmó Freddy Pavón Rivera, viceministro de Justicia del Ecuador en el cierre de la II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasilera Sobre Políticas de Drogas, que organizada a nivel local por Psicotropicus de Brasil y a nivel regional por Intercambios de Argentina se realizó ayer y hoy en el Salón Noble de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

“Es un desafío diseñar una política de drogas porque es un tema sensible, los estados no tienen libertad absoluta. Llama la atención que el mismo organismo que promueve los derechos humanos promueve la guerra contra las drogas”, señaló el vice ministro ecuatoriano en una crítica velada a algunas de las agencias de las Naciones Unidas. Fue durante el panel sobre “Reformas Legislativas en América Latina”, donde se coincidió en que “la legislación vigente ha creado nuevas delincuencias, ha hecho trizas el tejido social y ha destruido el medio ambiente”.

Para revertir esto, la fiscal argentina Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva de la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas en Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción de la Jefatura de Gabinete de la Argentina propuso “aprovechar UNASUR como una ventana para encontrar consensos sobre cómo avanzar en políticas de drogas desde la defensa de los derechos humanos”. Por su parte, el mismo panel, el ministro de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, Jorge Ruibal Pino advirtió que “una buena legislación sobre drogas no es garantía de justicia ni respeto a los derechos humanos”.

U$S 320 mil millones al año

Según datos de las Naciones Unidas, el tráfico anual de drogas ilícitas mueve U$S 320 mil millones de dólares. “El problema de las drogas es económico y, aunque sus causas tienen diversas facetas, la solución al tema económico es lo que va a destrabar la discusión”, afirmó Juan Carlos Hidalgo, coordinador de Proyectos para América Latina del Centro para la Libertad y Prosperidad Global (Cato Institute) de Washington. Hidalgo hizo un recuento del fracaso de la guerra contra las drogas y citó como ejemplo el precio de la cocaína: “El kilo en Colombia vale U$S 1600, cuando llega a Panamá ya está en U$S 2500 en la frontera mexicana a U$S13 mil, en Estados Unidos U$S 20 mil y en el menudeo en Estados Unidos alcanza los U$S 97 mil”, señaló. El boliviano Reynaldo Molina Salvatierra, coordinador General del Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de la Hoja de Coca coincidió: “Si no fuera un negocio productivo no habría alcanzado las dimensiones que tiene”, aseveró. Y señaló que Bolivia impulsa, como alternativa económica, “una política de incentivo a los usos lícitos de la coca, como alimentos y medicina, ya que el 18 por ciento de su composición son proteínas equiparables a las de la carne pero sin el colesterol y el ácido úrico”.

América Latina va por delante de Estados Unidos

“Las innovaciones en políticas de drogas vienen de Latinoamérica”, afirmó el experto estadounidense Ethan Nadelmann, doctor de la Universidad de Harvard y director ejecutivo de la Drug Policy Alliance (DPA) quien puso como ejemplo la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, porque “por primera vez ex presidentes se atreven a cuestionar la prohibición, proponen claramente de la descriminalización de la marihuana y promueven las medidas de reducción de daños”.

Nadelman resaltó los resultados de la iniciativa de las Unidades de Policía Pacificadoras en Río de Janeiro (programa para recuperar el control territorial en favelas dominadas por traficantes armados) y las medidas de inclusión social impulsadas en Medellín (Colombia), pero advirtió que “deben ser constantes y no pueden ignorar el tema de la ilegalidad de las drogas, porque mientras exista el mercado negro que financia al crimen organizado será difícil erradicar la violencia”.

Precisamente sobre las diferencias entre las políticas estadounidenses y las del resto de la región, durante la inauguración de la Conferencia en el día de ayer, el secretario nacional de justicia del Brasil, Pedro Abramovay, planteó la la relación entre narcotráfico y fronteras: “Brasil tiene una frontera seca de 15 mil kilómetros y es imposible pensar una política de drogas que ignore la relación con los vecinos. No haremos muros en nuestras fronteras porque sólo significarían asesinatos en masa”, afirmó.

También debaten jóvenes y usuarios de drogas

En la II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasilera sobre Políticas de Drogas participaron más de cuatrocientas personas, además de representantes de gobiernos y expertos de trece países de la región y funcionarios de las Naciones Unidas. Durante la jornada de hoy, en sesiones paralelas, se realizaron una reunión de Jóvenes y Políticas de Drogas y otra sobre Usuarios de Drogas. La conferencia contó con la adhesión de la OPS/OMS, ONUSIDA, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Secretaria de Asistencia Social y Derechos Humanos de Brasil (SEASDH), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), el Transnational Institute (TNI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Drug Policy Alliance (DPA), entre otras instituciones. Además, es patrocinada por la Fundación Open Society Institute, el Programa Nacional de ITS, SIDA y Hepatitis Viral del Ministerio de Salud del Brasil y Viva Rio.

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El protagonismo de los usuarios de drogas en las estrategias de atención

Prevención, tratamientos para el consumo problemático, reducción de daños e integración social se debatieron en el panel sobre “Atención integral a usuarios de drogas”. ¿Qué propuestas existen para mejorar el acceso y la calidad de los servicios? ¿Cuáles son los desafíos? Aquí, las experiencias de Chile, Colombia, Brasil y la voz de los mismos usuarios de drogas.

Puertas abiertas, cercanía y territorio. Estas tres palabras atravesaron todas las presentaciones del panel “Atención integral a usuarios de drogas” en la mañana del viernes 27, durante el debate protagonizado por Mauricio Zorondo, integrante de la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS) en representación de Chile; Inés Elvira Mejía Motta, coordinadora de la Unidad de Gestión de la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas de Colombia; Denise Serafim, representante del Departamento de ITS, Sida y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de Brasil y Domiciano Siqueira, representante de la Asociación Brasileña de Reductoras y Reductores de Daños (ABORDA), con moderación de Jorge Hernández Tinajero, presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD).

Chile: disminuir la distancia social

En Chile, desde la Escuela Nacional de Estudios y Formación en Abordaje de Adicciones y Situaciones críticas asociadas (EFAD) se realizó un estudio sobre el acceso a servicios de salud de usuarios de drogas que reveló que el 80 % de usuarios que requerían atención no la estaban recibiendo. Maurizio Zorondo, secretario ejecutivo de la institución a cargo del estudio señaló que el problema central era que “el sistema es lejano a las personas, con muchos requisitos para acceder al servicio”.

Para revertir esta situación desarrollaron una estrategia con tres criterios: 1) disminuir la distancia social; 2) dejar de enfocarse en los problemas y evaluar qué recursos hay en la comunidad y 3) ubicarse en el lugar del otro, “y no intentar cambiarlo sino acompañarlo en la búsqueda de sus propias soluciones para disminuir su sufrimiento”, explicó. El trabajo del equipo, desde la perspectiva RAISSS, consiste en “abandonar la lógica de que la gente vendrá al centro, trabajar en la calle, sentarse en las esquinas a conversar con las personas y activar a toda la comunidad para establecer redes sociales que se apoyan unos a otros”.

Colombia: disminuir la demanda

El 79,2 por ciento del presupuesto para temas de drogas en Colombia se destina a reducir la oferta (la lucha contra el narcotráfico) y apenas el 2,8 por ciento a reducir la demanda (estrategias de atención). Así lo aseveró Inés Elvira Mejía Motta, quien además de coordinar la dependencia a cargo de la asistencia es asesora del Ministerio de Protección Social de ese país.

En 2006 se definió la atención a usuarios de drogas como un asunto de salud mental y prioridad de salud pública, “lo que trajo recursos económicos y sociales para ir a las comunidades y ofrecer un tratamiento”, explicó. El abordaje es similar al presentado por Chile: respetar la autonomía del usuario de drogas y fortalecer las redes sociales. Una particularidad del país es que, la tenencia para consumo personal, descriminalizada en 1994, volvió a penalizarse a partir del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, “lo que resulta un barrera de acceso a la atención”, concluyó.

Brasil: disminuir el estigma

¿Por qué falla la atención a usuarios de drogas? Con esa pregunta como eje, el Departamento de ITS, Sida y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de Brasil hizo un diagnóstico que reveló, entre otras dificultades, el pudor de ambas partes, “entre profesional que no se atreve a preguntar y el usuario que no se atreve a decir que bebe alcohol u otras sustancias”, señaló Denise Serafim, representante del organismo.

A partir reconocer esta dificultad, comenzaron una estrategia que incluye: atención de usuarios de drogas en servicios básicos de salud las 24 horas y no de 8 a 17 como era antes, consultorios callejeros en los barrios y, al decir de la funcionaria “otras estrategias para acercar al profesional de salud a la escena real”.

Usuarios de drogas: tratamientos de puertas abiertas

“Hay distintos puntos de vista sobre el usuario de drogas: la salud ve el uso de drogas como una enfermedad, la justicia como un delito y la religión como un pecado. Mi propuesta es que la ciudadanía vea el uso de drogas como un derecho”, planteó Domiciano Siqueira, representante de la Asociación Brasileña de Reductoras y Reductores de Daños (ABORDA) al abrir su presentación. “El cuerpo es de cada uno de nosotros y todo lo que pasa de la piel hacia adentro es nuestro”, reclamó.

Sobre las exposiciones de sus colegas de mesas, señaló: “He escuchado muchas conferencias hablando de que el tratamiento tiene que ser digno, cercano, pero para mí el tratamiento tiene que tener, en resumen, las puertas abiertas: sin condiciones”.

Y, para cerrar, realizó una reflexión sobre la legalización de la tenencia para consumo personal desde un punto de vista poco frecuente: “Yo no estoy en contra, pero sí es importante pensar qué va a pasar cuando al legalizar las drogas todos los millones de personas que viven de vender al minoreo queden desempleadas”.

En el cierre de la mesa, su moderador Jorge Hernández Tinajero, del CUPIHD, propuso revisar el protagonismo que se da a las usuarias y usuarios de drogas en las estrategias de atención, como camino indispensable “para alcanzar una atención desde los derechos humanos y el respeto por las decisiones de cada persona”.
Fuente: www.conferenciadrogas.com

De la guerra contra las drogas a su impacto en los usuarios

2da Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas

La complejidad de las drogas no puede entenderse si no se abordan, a la vez, sus múltiples caras. Por un lado, producción y tráfico, fuerzas armadas y corrupción política. Por otro, pobreza y desigualdad social, condiciones estructurales de las sociedades latinoamericanas. Entre ambos, las políticas sociales y económicas de cada país de la región. La mesa “Determinantes estructurales de los problemas asociados a las drogas” buscó reunir todas estas caras en un mismo panel. Ethan Nadelmann, de Estados Unidos, Luis Astorga de México y los brasileros Tarcisio Matos de Andrade y Monica Malta aceptaron el desafío.

“El cambio vendrá de Latinoamérica”. Así comenzó su presentación Ethan Nadelmann, doctor por la Universidad de Harvard y fundador y director ejecutivo de la Drug Policy Alliance (DPA), durante la mesa “Determinantes estructurales de los problemas asociados a las drogas”. Nadelmann señaló que Estados Unidos “ha impuesto durante cien años su visión sobre las drogas, por eso existe la falsa creencia de que hay que cambiar las leyes en Estados Unidos primero, pero esto no es cierto”. Y puso como ejemplo la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, porque “por primera vez ex presidentes se atreven a cuestionar la prohibición, proponen claramente de la descriminalización de la marihuana y promueven las medidas de reducción de daños”.

Nadelman resaltó los resultados de la iniciativa de las Unidades de Policía Pacificadoras en Río de Janeiro (programa para recuperar el control territorial en favelas dominadas por traficantes armados) y las medidas de inclusión social impulsadas por el ex alcalde Sergio Fajard en Medellín (Colombia), pero advirtió que “deben ser constantes y no pueden ignorar el tema de la ilegalidad de las drogas, porque mientras exista el mercado negro que financia al crimen organizado será difícil erradicar la violencia”.

Además aclaró que los cambios en materia de drogas en su país se concentran en debates sobre los derechos de los usuarios y sobre cómo abordar la super población carcelaria, ya que dos millones y medio de personas en prisión por delitos de drogas.

Vínculo entre narcotráfico y partidos políticos

La situación en México a partir de la llamada lucha contra el narcotráfico, dramática e inédita en términos de muertes, fue analizada por Luis Astorga, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien presentó una línea histórica para demostrar “el vínculo que siempre ha tenido el narcotráfico con los distintos partidos políticos, y esta connivencia es lo que hace difícil cambiar algo”.

El experto, que es además coordinador de la Cátedra UNESCO “Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas”, presentó los puntos geográficos donde se concentra más la violencia y afirmó que su país “tiene que hacer mucho trabajo interno para encontrar las soluciones pero gran parte debe ser resuelta de manera integrada a nivel regional como un profunda modificación de las políticas de drogas a nivel mundial”.

Estigma y discriminación de clase

A su turno, Tarcisio Matos de Andrade, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Bahía y coordinador del Servicio de Extensión “Alianza de Reducción de Daños Fátima Cavalcanti” se concentró en los condicionantes ligados a la estigmatización. Puso como ejemplo la campaña vigente en Salvador de Bahía que se llama “Crack: prisión o cajón”. “¿Qué nos dice este mensaje? Que la sociedad sólo tiene para ofrecer al usuario de drogas la muerte o la prisión”, señaló. Y advirtió que “si bien el consumo de drogas se distribuye en todas las clases sociales, los tratamientos son sólo para las clases acomodadas”.

Matos de Andrade señaló además que “en Brasil tenemos pensada la reducción de daños de manera paternalista. No es posible tener programas de reducción de daños sin convivir con los usuarios, sin conocer su realidad, y sin trabajar con ellos en la construcción de las políticas públicas de las cuales serán beneficiarios”

Más vulnerables entre las poblaciones vulnerables

Finalmente, Monica Malta, de la Fundación Instituto Osvaldo Cruz (Fiocruz), especializada en investigaciones científicas sobre salud señaló que es una dificultad conocer en profundidad la situación de la población usuaria de drogas porque debido a la estigmatización asociada al uso de drogas, “la mayoría no declara su comportamiento en una entrevista con un investigador, especialmente cuando se trata de usuarios de drogas, que se sienten cohibidos ante un entrevistador que es muy diferente a ellos”.

Por este motivo, desde Fiocruz aplican el método Respondent Driven Sampling (RDS), donde el investigador es de la comunidad y llama a otros amigos, que a su vez llaman a otros, con lo cual se hace un grupo más heterogéneo. Con esta metodología entrevistaron en diez municipios a 3.500 usuarios de drogas.

Así llegaron a la conclusión de que en Brasil los usuarios de drogas inyectables que viven con VIH son una población más vulnerable que otras personas que viven con el virus, porque acceden menos a los servicios de salud. Matos concluyó: “Brasil es conocido mundialmente por su respuesta al VIH/Sida, pero la población de usuarios de drogas no accede a estos beneficios”.

En el cierre, Vera Da Ros, moderadora de la mesa, señaló cómo puede trazarse una línea de continuidad entre las fuerzas estructurales de definición de políticas sobre tráfico de drogas y reconocer su impacto en la situación particular de los usuarios de drogas. La situación global y macroestructural se traduce en mayor vulnerabilidad.
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IDPC presentó buenas prácticas en reformas políticas

IDPC presentó buenas prácticas en reformas políticas

El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) presentó su flamante Guía sobre Incidencia Política, que recoge las experiencias de reformas a las políticas de drogas que comienzan a darse en todo el mundo. El libro busca servir de herramienta para replicar la experiencia y convencer a más gobiernos del mundo sobre la posibilidad de llevar adelante transformaciones que descriminalicen a los usuarios y avancen en la proporcionalidad de las penas en relación al tráfico.

(Río de Janeiro, 26/08/2010) “En un momento en que en el mundo se comienzan a ver las drogas como un tema de salud, y tenemos los primeros ejemplos de descriminalización de usuarios, con propuestas de alternativas al campo penal vimos la necesidad de difundir estas experiencias”, comenzó Ann Fordham, coordinadora del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) la presentación de la Guía sobre Incidencia Política elaborada por el Consorcio en el cierre de la tarde del jueves, durante el primer día de la II Conferencia Latinoamericana y I Brasilera sobre políticas de drogas.

La Guía fue comentada por el diputado de Río de Janeiro Carlos Mic, ex ministro de Medio Ambiente de Brasil, quien apoyó los principios sobre los cuales está estructurada la publicación y agregó que “la guerra a las drogas no sólo no cumple con el objetivo de eliminar la oferta de drogas sino que además tiene entre sus efectos colaterales propiciar el control territorial de áreas de la ciudad por parte de los narcotraficantes”.

Mic señaló que la Guía es una herramienta para apoyar alternativas a la guerra contra las drogas, que “crea más corrupción, es un desastre ecológico y mata mucho más que las drogas mismas”. Señaló además que “genera mecanismos de victimización de la sociedad, porque mueren muchas personas y los usuarios no reciben atención”.

La Guía de Incidencia Política de IDPC recoge buenas prácticas en reformas de políticas de drogas y busca “facilitar interacciones con los responsables de definir políticas de estado en todo el mundo”. Se reúnen casos concretos de cambios de políticas en justicia penal, programas sociales y tratamiento de usuarios, entre otros temas.

Al concluir la presentación, Mic se refirió a la legislación de drogas del Brasil: “La ley de 2006 es insuficiente; es usada como mecanismo de selección social: en los barrios de clase media no hay detenidos por uso de drogas y en los barrios pobres hay muchos”. Aclaró que esto se basa en el artículo de la ley que dice que “una persona que ofrece drogas a otras, así no pretenda lucrarse con eso, sí puede ser considerado narcotraficante”. Mic concluyó: “Esta es la excusa que muchas veces se utiliza para detener a los chicos pobres”.
Fuente: www.conferenciadrogas.com

Descriminalizar y brindar servicios de salud sin condiciones

Más de la 2da Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas

Evitar la persecución penal de los usuarios de drogas es el primer paso para lograr el protagonismo de las políticas sociales y de salud. En el Panel “Políticas socio-sanitarias” se presentaron las experiencias de Portugal y Brasil, con una revisión crítica de logros y desafíos.

¿Cómo se traducen los discursos innovadores y respetuosos de los derechos humanos en políticas sociales y de salud para los usuarios de drogas? A partir de esta pregunta, en la mesa sobre “Políticas socio-sanitarias” se presentaron la experiencia de descriminalización de todas las drogas ocurrida en Portugal en 2002, que estuvo a cargo de Manuel Cardoso, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Droga y Toxicomanía de ese país; Luciana Boiteux, integrante del Consejo Consultivo de la Red Brasileña de Reducción de Daños y Derechos Humanos (REDUC) y Pedro Gabriel Godinho Delgado, coordinador de Salud Mental, Alcohol y otras Drogas del Ministerio de Salud de Brasil.

Cardoso, co-responsable del proceso de descriminalización en Portugal, explicó que en la década de 1980, cuando comenzaron a investigar los consumos de los usuarios de drogas, los estudios señalaban que el 89 por ciento consumía heroína, el 50 por ciento en forma inyectable. Después se produjo una incorporación de marihuana y las drogas se constituyó en un tema penal. En 1999 se construyó la primera estrategia integral, que continúa hasta la actualidad: en 2000 se aprobó la ley de descriminalización y en 2001 comenzó a funcionar un organismo específico.

“El primer gran marco de trabajo es tratamiento para todos, sea que vengan o los vayamos a buscar; el segundo es políticas innovadoras, como la reducción de daños”, explicó Cardoso, quien señaló además que los guían dos principios: humanismo y pragmatismo, no negar atención a nadie y usar los métodos científicamente probados.

Por su parte, Luciana Boiteux, quien además es coordinadora del grupo de investigaciones sobre Políticas de Drogas y Derechos Humanos de la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, señaló que el 70 por ciento de las personas detenidas por narcotráfico son varones pobres, detenidos solos en la vía pública, sin armas y con pequeñas cantidades de sustancias. A partir de estos datos, criticó las políticas represivas porque “son inefectivas en la reducción de los problemas asociados a las drogas; la represión a los traficantes sirve como pretexto para mayor intervención policial”.

Boiteux señaló que las operaciones en Río de Janeiro “son contraproducentes, pues no inhiben el mercado ilícito pero sí traen mucha muerte”. Y concluyó: “Las actuales políticas son inefectivas, pero hay una parte de la burocracia internacional que está acomodada con la situación actual, por eso no cambia”.

El coordinador del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud del Brasil, Pedro Gabriel Godinho Delgado, reconoció que, a pesar de que el sistema de salud de Brasil tiene como principio básico la universalidad, inclusive para los toxicodependientes,”lo cierto es que el mismo sector salud se rehúsa a prestar servicio cuando los usuarios no se comprometen con la interrupción del uso de drogas, la consecuencia de esto es que los usuarios no se acercan al sistema”.

Por eso, Godinho Delgado considera que existen dos grandes líneas de trabajo: 1) convencer al sector salud y a la sociedad entera de que debe atraerse al usuario al sistema de salud y para esto las terapias no pueden basarse en condiciones de abandono total, porque esto se convierte en un “chantaje”; 2) brindar tratamientos no obligatorios e integrales, no sólo de salud sino de todas las áreas necesarias para disminuir la vulnerabilidad social que empuja a mucha gente a usar ciertas drogas.

El moderador de la mesa, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, Milton Romani, señaló que las estrategias socio-sanitarias presentadas en la mesa para la atención de usuarios de drogas coincidieron en señalar la necesidad de llevar el tema de las drogas al campo de la salud, descriminalización de los usuarios y atención universal sin estigma ni discriminación como requisitos para lograr respuestas efectivas.

¿Cómo ven los organismos internacionales a los usuarios de drogas?

De la 2da Conferencia Latinoamericana sobre políticas de drogas:

¿Qué grado de prioridad tienen los usuarios de drogas en la agenda de los organismos multilaterales en la región? ¿Cómo podría incrementarse la atención sobre estas poblaciones? Con estas preguntas se abrió la mesa “Los usuarios de drogas en la agenda de los organismos multilaterales“, que el jueves 26 por la tarde convocó a representantes de cuatro agencias de Naciones Unidas y a la agencia de cooperación internacional Alianza Internacional. El encuentro puso de manifiesto las diferentes miradas que existen en las agencias sobre los problemas asociados a las drogas.

En una misma mesa, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Programa Conjunto sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la agencia de cooperación Alianza Internacional contra el VIH/Sida plantearon cuál es la mirada y experiencia de los organismos multilaterales en la construcción de la agenda pública.

“Las políticas de drogas tienen que ver con pensar en la prevención, la promoción de la salud y el respeto de los derechos humanos, buscando también la seguridad pública a través del combate al crimen organizado”, señaló Bo Mathiesen, representante regional de la ONUDD para Brasil y el Cono Sur.

Por su parte, Pedro Chequer, coordinador de ONUSIDA en Brasil, destacó el rol del movimiento social del VIH y drogas y afirmó que “es necesario expandir la oferta de servicios para usuarios de drogas seropositivos”.

Desde la OPS/OMS, Marcelo Vila, coordinador subregional en VIH/ITS señaló que “los prejuicios y estigma a los usuarios de drogas también existen en la salud pública”. Vila afirmó que “si no hay servicios de salud para usuarios de drogas, y si las y los usuarios de drogas ven que pueden ser prejuzgados simplemente por usar drogas, no buscarán los servicios de salud.” En ese mismo sentido, David Rui Villa-Franca, representante del PNUD señaló que desde esta agencia “se prioriza el desarrollo humano en general y no se restringe a un abordaje de salud exclusivamente”.

Finalmente, Javier Hourcade Bellocq, representante regional para América Latina y el Caribe de la Alianza Internacional contra el VIH/sida, director ejecutivo de Amigos del Fondo Mundial - Latinoamérica y Caribe, afirmó que “en los países donde se encarcela al usuario de drogas, hay mayor prevalencia del VIH entre usuarios de drogas inyectables”

Para concluir la mesa, su moderador Pablo Cymerman, responsable del área de Relaciones Institucionales de Intercambios e investigador de la Universidad de Buenos Aires destacó que tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas como varias de las agencias elaboraron en estos años resoluciones, declaraciones y documentos orientadores, y se hace necesario abrir canales para evaluar cómo incrementar la atención a las usuarias y usuarios de drogas.

Para una política de drogas adecuada, hace falta un enfoque que respete los derechos humanos

Para una política de drogas adecuada, hace falta un enfoque que respete los derechos humanos

En el marco de la II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas que se está llevando a cabo en Río de Janeiro, se realizó el panel denominado Derechos humanos y políticas de drogas, que tuvo como disertantes a destacados especialistas y funcionarios de diversos países.

(Río de Janeiro, 26 de agosto de 2010) La II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas se puso en marcha. Luego de la apertura del encuentro, tuvo lugar el panel acerca de Derechos humanos y políticas de drogas, donde participaron Pedro Vieira Abramovay, Secretario Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia de Brasil, Jorge da Silva, miembro de la Comisión Brasileña sobre Drogas y Democracia y ex Secretario de Estado de Derechos Humanos de Rio de Janeiro (2003-2006), Claudio Morgado, Presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina, y Kasia Malinowska-Sempruch (Polonia), Directora del Programa Global sobre Políticas de Drogas del Open Society Institute (OSI). El moderador fue Rubem César Fernandes, Director ejecutivo de Viva Rio y Secretario Ejecutivo de la Comisión Brasileña sobre Drogas y Democracia.

La legislación brasileña todavía tiene deficiencias evidentes

Según afirmó Pedro Vieira Abramovay, “la legislación brasilera atravesó el prejuicio pero tiene deficiencias evidentes todavía. Las personas que van presas en el 70 por ciento de los casos están desarmadas, no tienen ningún vínculo con el crimen organizado y estaban solas. Entonces, a pesar de la nueva ley, se termina penalizando de manera severa a las personas que no son traficantes”.

“Hay un límite entre el tráfico y el consumo. Sin embargo, una persona que va a ser considerada finalmente como consumidora, si la policía dice al comienzo del proceso que era narcotraficante, tendrá que estar todo el proceso encarcelada. Y así, una persona que no tenía vínculo antes con el crimen organizado, lo hará en la cárcel a partir por una violación de los derechos humanos. Este es un debate prohibido dentro del debate. Por eso es importante esta Conferencia, porque pone el dedo en la llaga y enfrenta el problema de frente.”

Contra las políticas represivas

A su turno, Jorge da Silva relató su experiencia en la policía militar, y cómo fue descubriendo las políticas represivas no constituyen la manera adecuada de abordar el tema drogas. “En mis tiempos de policía militar, yo creía que los usuarios de drogas debían ser reprimidos igual que los traficantes. Ahora he cambiado de opinión”, expresó.

Luego se refirió a la experiencia de Portugal, que implementó algunas medidas despenalizadoras en 2001. “Todos pensaba que habría un aumento total del consumo -señaló Da Silva-. Y eso no ocurrió. Teniendo en cuenta que el objetivo de las políticas globales de la guerra contra las drogas era acabar con las drogas, tendría que pensar que realmente no es gente ingenua.”

Finalemente, manifestó su “apoyo de forma radical” a las campañas de descriminalización de la marihuana porque “por algún lado tenemos que empezar”.

El estigma del “adicto”

Claudio Morgado se manifestó contra el enfoque que toma los aspectos sociales como factores de riesgo y no como parte constitutiva del problema. Explicó, además, que “el estigma del ‘adicto’ desaloja de la persona su identidad: hombre, mujer, amigo, amante. La consecuencia de esto es un abordaje que favorece el rechazo social”.

El funcionario argentino abogó por “el reconocimiento de las personas usuarias con uso problemático de drogas legales e ilegales como sujetos de derechos. Las políticas públicas, estrategias y acciones deben favorecer su autonomía y respeto de derechos humanos.”

Por último, dijo que el organismo que encabeza, el INADI, “apoya el proyecto de ley de salud mental que tiene media sanción, que en su artículo 4 dice que las personas usuarias de drogas tienen todos los mismos derechos que todas las demás contempladas en la ley. Es una legislación no discriminatoria que esperamos avance.”

Salud pública y reducción de daños

Kasia Malinowska-Sempruch puntualizó que “cuando pensamos en políticas sobre drogas no pensamos apenas en políticas de justicia criminal. Es importante darnos cuenta que la cuestion abarca también la salud pública y la reducción de daños. Cuando hay políticas de otras áreas, ellas se relacionan con las drogas. Cuando hablamos de políticas de drogas, también hablamos de otras cuestiones relacionadas.”

“No podemos enfocarnos en políticas basadas en la abstinencia. Si la abstinencia es el único resultado deseado, no tendremos acceso a la metadona, por ejemplo. No importa que el tratamiento con metadona permita que los usuarios de opioides vuelvan a trabajar, no importa que se reduzca el sufrimiento de los familiares, no importa que abra las puertas para el usuario: como la metadona no lleva a la abstinencia, no será ofrecida en tratamientos”, planteó.
Fuente: www.conferenciadrogas.com

Discurso de Apertura de la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas

“Hay un nuevo discurso sobre drogas en la región, el desafío es que se convierta en políticas que lleguen a la gente”

Las palabras de Graciela Touzé, Presidente de Intercambios Asociación Civil, dieron comienzo a la II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas que se lleva a cabo en el Noble Salón de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro. A continuación se reproduce su discurso.

Permítanme transmitirles mi enorme alegría por estar hoy inaugurando esta II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas, aquí, en esta ciudad maravillosa que es Rio de Janeiro.

Nos acompañan muchos viejos amigos, funcionarios de gobierno, de agencias multilaterales, expertos, activistas, que han participado en años anteriores de las Conferencias que organizamos en Buenos Aires. Para quienes por primera vez se acercan a este espacio, permítanme contarles algo de la historia de la Conferencia, y de cómo llegamos hasta aquí.

En el año 2003, desde la Asociación Intercambios, decidimos que en nuestro país, Argentina, era necesario inaugurar un foro para discutir acerca de las políticas en materia de drogas, teniendo en cuenta las transformaciones en el contexto, el efecto de las políticas implementadas y la crisis de algunos paradigmas de intervención en el tema.

Convocamos entonces a decisores políticos, a académicos, a la sociedad civil, a un debate que rápidamente comenzó a mostrar la necesidad de encontrar nuevas formas de regulación al problema de las drogas y de incorporar la perspectiva de los derechos humanos.

En los años subsiguientes se sucedieron seis Conferencias Nacionales, y en cada una de ellas, la presencia de participantes de países hermanos de Latinoamérica y de otras regiones, nos fue mostrando el interés y la necesidad de establecer un mecanismo de encuentro y diálogo que permitiera poner en escena las diversas realidades y experiencias de nuestra América Latina.

Fue así que el año pasado, vimos oportuno organizar la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, con la intención de promover una acción planificada y coordinada en la región, que represente una posición más adecuada a las necesidades y prácticas culturales de nuestras poblaciones.

Y ahí echó a andar la idea: tener un espacio anual de reunión para profundizar estos debates y para establecer alianzas estratégicas de trabajo y cooperación. Y al mismo tiempo, ir replicando estos foros en los distintos países de la región.

El sueño de una iniciativa regional comenzó a concretarse cuando los amigos de Psicotropicus aceptaron el desafío de co-organizar la II Conferencia Latinoamericana en Rio de Janeiro, la que esperamos, sea un hito en un largo camino por recorrer.

2009 en Buenos Aires, 2010 en Rio de Janeiro, los mismos objetivos:

- Propiciar un debate social informado con miras a impulsar políticas no punitivas, fundadas en evidencia científica, que respondan y atiendan los diversos problemas asociados con las drogas, y

- Generar un intercambio a nivel regional entre académicos, decisores políticos y sociedad civil, a fin de mantener actualizado el mapa sobre el consumo de drogas, problemas asociados, políticas e intervenciones en la región.

Estos propósitos han orientado el programa de la Conferencia, estructurado en torno a 7 ejes.

El primero, los derechos humanos, porque queremos hacer hincapié en el hecho de que las personas que usan drogas ilícitas enfrentan situaciones de discriminación, rechazo y violencia que conducen a violaciones de sus derechos. Muchos de estos incidentes se ocultan o se justifican, bajo el argumento de la “peligrosidad” o la “incapacidad” de los usuarios de drogas, culpándolos así de los abusos a los que son sometidos. No es posible seguir tolerando estas situaciones.

El segundo es la agenda de los organismos multilaterales, y qué lugar ocupan en ella los usuarios de drogas. Los organismos multilaterales constituyen un actor clave en el desarrollo de las políticas en la región, aportando a la construcción de la agenda pública mediante sus programas de asistencia técnica y financiera. Tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas como varias de las agencias de su sistema han elaborado una serie de resoluciones, declaraciones y documentos orientadores de la atención a los usuarios de drogas en el marco de la salud pública y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, vemos con preocupación que sus acciones no son suficientes ni sistemáticas en América Latina, y reclamamos mayor atención y prioridad para estas poblaciones.

El tercer eje son las políticas socio-sanitarias. Un aspecto importante del debate actual sobre la reforma de las políticas de drogas se articula en torno al derecho a la salud como cuestión indisociable del respeto de los derechos humanos fundamentales. Los avances observados en la región tendientes a evitar la persecución penal de los usuarios de drogas exigen un claro protagonismo de las políticas sociales y sanitarias, y nos preguntamos cómo reducir la brecha existente entre los discursos innovadores y respetuosos de los derechos humanos y la efectiva implementación de políticas en materia de drogas.

El cuarto eje examina las fuerzas estructurales y los contextos socioculturales para comprender la particular situación de vulnerabilidad de los usuarios de drogas. La complejidad del fenómeno de las drogas y sus múltiples facetas incluyen aspectos como la producción y el tráfico de drogas, el papel de las fuerzas armadas, la corrupción política, entre otros. Asimismo, es menester encuadrarlo en un escenario más amplio que tome en consideración aspectos estructurales de las sociedades latinoamericanas, caracterizadas por condiciones de pobreza e inequidad, y que contemple la interacción con las políticas sociales y económicas llevadas adelante en la región.

El quinto eje se orienta hacia la atención integral a los usuarios de drogas, la que entendemos como el desarrollo de estrategias comprehensivas, complementarias y multisectoriales que se ocupen de la prevención, la asistencia por el consumo problemático, la reducción de los daños y la integración social. Sabemos de las dificultades que las poblaciones más afectadas continúan sufriendo en nuestra región para acceder a servicios de calidad.

El sexto eje se centra en las consecuencias que ha traído aparejado el paradigma de la guerra contra las drogas, consecuencias que agravaron los problemas en la región: cárceles atestadas, lavado de dinero, aumento de la pobreza e inseguridad de poblaciones campesinas por la erradicación forzada de cultivos, problemas ambientales y de salud debidos a fumigaciones aéreas, entre otros.

Y por último, la esperanza que encarnan las reformas legislativas que se están discutiendo en varios países de la región, y que incluyen entre otros, aspectos tales como la proporcionalidad en las sentencias y la aplicación de estándares de derechos humanos en la legislación y en la práctica judicial.

Estamos seguros que el nutrido grupo de panelistas que nos acompañarán estos dos días - a quienes agradezco infinitamente su disposición - no sólo enriquecerán este debate sino que nos brindarán además orientaciones concretas para la acción.

Porque esta Conferencia constituye un polo de discusión progresista que apunta a fortalecer los procesos de reforma de las políticas de drogas.

Es cierto que son muchos los signos alentadores en la región pero también es cierto que son muchos los desafíos que aún debemos enfrentar. Debemos reconocer que el cambio discursivo que implica reconocer el fracaso de la guerra contra las drogas aún no se ha traducido en políticas concretas que lleguen a la gente. Debemos insistir en la necesidad de instalar políticas de seguridad no represivas; nuestros países conocen demasiado bien las consecuencias funestas de la militarización de los conflictos, como las que hoy está viviendo México. Y debemos, de una vez y para siempre, instalar políticas de Estado a largo plazo que no estén sujetas a vaivenes electoralistas.

Creemos que esta Conferencia ocupa un espacio inédito en América Latina: expandir una masa crítica que alce una voz alternativa a la que por tanto tiempo se erigió como hegemónica.
Fuente: www.conferenciadrogas.com

Se realiza en Río de Janeiro el encuentro sobre políticas de drogas más importante de la región

Tres ministros brasileños y las principales autoridades en políticas de drogas de Argentina, Ecuador y Uruguay debatirán alternativas a la criminalización y persecución que lleva a la cárcel sólo al microtráfico sin desarmar el crimen organizado. Será durante la II Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas, que reúne a expertos de trece países y cuenta con el auspicio de la Organización Panamericana e la Salud (OPS/OMS) , la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (ONUDD) y de ONUSIDA.

(Río de Janeiro, 17 de Agosto de 2010) Con la participación del ministro de Justicia del Brasil Luiz Paulo Teles Barreto, del ministro de Salud José Gomes Temporão, el secretario nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) Paulo Roberto Yog de Miranda Uchoa y Paulo Vannuchi, ministro de la Secretaría Especial sobre Derechos Humanos, el próximo 26 de agosto se inaugura la II Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas en Río de Janeiro, en el Noble Salón de la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal.

Durante el 26 y 27 de agosto disertarán miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (ONUDD) y otros organismos de Naciones Unidas, funcionarios públicos y expertos de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Chile y Perú. La meta: abrir el debate sobre las alternativas políticas ante el fracaso de la guerra contra las drogas impulsada en los últimos veinte años.

“Una investigación del Ministerio de Justicia de Brasil revela que la mayor parte de las condenas por delitos de tráfico de drogas no afectan a grupos criminales fuertemente armados sino a pequeños vendedores, solos y sin armas. Esto abre la pregunta de quién es el real destinatario de la política de represión a las drogas y sobre la ‘clientela’ del sistema penal”, advierte Luiz Paulo Guanabara, director de Psicotropicus, co-organizadora local de la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas y la I Conferencia Brasilera, en asociación con Intercambios Asociación Civil, responsable regional del evento.

La misma pregunta atraviesa los debates en toda la región. El Ministro de Justicia de Ecuador, José Serrano Salgado, entrevistado por la participación de su cartera en la Conferencia (ver http://conferenciadrogas.com/?page_id=4887&lang=es) explicó que en su país las reformas tienden “a perseguir al crimen organizado que opera detrás de los más débiles que caen en el sistema penal”. Y para esto propone establecer una tabla de dosis de tenencia para de uso personal. En la misma línea, el viceministro de Justicia del Brasil, Pedro Vieira Abramovay, quien disertará en el panel Derechos Humanos y Políticas de Drogas, anunció que su gobierno analiza despenalizar el consumo de marihuana.

El panel dedicado a Reformas Legislativas en América Latina contará además con la exposición de la fiscal argentina Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay, Jorge Ruibal Pino, el especialista boliviano en la problemática de la hoja de coca y narcotráfico Diego Giacoman Aramayo y el diputado Federal de San Pablo Paulo Teixeira.

Finalmente, Manuel Cardoso, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Droga y Toxicomanía de Portugal presentará en el panel “Políticas socio-sanitarias” la experiencia de ese país en despenalización, citada como ejemplo en todo el mundo. Esta mesa, moderada por Milton Romani, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, contará también con la exposición de Pedro Gabriel Godinho Delgado, coordinador Nacional de Salud Mental, Alcohol y otras Drogas del Ministerio de Salud de Brasil.

La conferencia cuenta con la adhesión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ONUSIDA, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Secretaria de Asistencia Social y Derechos Humanos de Brasil (SEASDH), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), el Transnational Institute (TNI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Drug Policy Alliance (DPA), entre otras instituciones. Además, es patrocinada por la Fundación Open Society Institute, el Programa Nacional de ITS, SIDA y Hepatitis Viral del Ministerio de Salud del Brasil y Viva Rio.

Intercambios Asociación Civil es una organización clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas. Desarrolla acciones de incidencia política, investigación, distribución de información y fortalecimiento de capacidades. Organiza la Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas, coordinó el proceso de discusión de la sociedad civil en la región sobre las metas fijadas por la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) y lleva organizadas siete Conferencias Nacionales de Políticas de Drogas. Es organizadora de las I y II Conferencias Latinoamericanas.

Psicotropicus es una ONG fundada en 2003 que trabaja para cambiar la actual política de drogas. Es una asociación pionera en Brasil que ayudó a sacar el debate sobre drogas de la marginalidad en la que se encontraba y traerlo al centro de discusiones cotidianas. Tiene como objetivo reducir significativamente los daños causados por la política de drogas vigente, a través de la movilización, del diálogo, de la información confiable, apoyando investigaciones y generando conocimiento para que tengamos una sociedad donde el “problema mundial de las drogas” sea abordado desde otro enfoque. Es organizadora de las II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasilera en Políticas de Drogas.
Fuente:www.conferenciadrogas.com

Expertos en políticas de drogas de trece países se reúnen en Río de Janeiro

Será el 26 y 27 de agosto en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el marco de la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas y la I Conferencia Brasileña. Se concentrarán en geopolítica y tráfico, despenalización y tratamientos alternativos. La Conferencia es realizada por dos organizaciones de la sociedad civil: Intercambios, de Argentina, y Psicotrópicus, de Brasil.

(Río de Janeiro, 21 Julio de 2010) A un año de la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, el debate sobre tráfico, consumo, despenalización y políticas gubernamentales se incrementó en toda la región. Con la presencia de expertos de trece países, académicos, funcionarios y activistas, el próximo 26 y 27 de agosto en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro, se realizará la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas. Se trata del evento más importante de la región en políticas de drogas, que este año tiene sede en Brasil.

La Conferencia, realizada el año pasado en Buenos Aires, estuvo signada por la expectativa ante la inminencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina que declararía inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal. En ese marco, la participación de uno de los jueces del máximo tribunal como panelista, Eugenio Zaffaroni, el encuentro sirvió para que el tema se instalara en la agenda de los medios nacionales y de toda la región.

Algo similar ocurre este año en Brasil, ya que hace pocos días viceministro de Justicia Pedro Vieira Abramovay anunció que su gobierno analiza despenalizar el consumo de marihuana. A su vez, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso señaló que la actual legislación merece ser revisada y criticó las políticas centradas en la represión al consumidor. La II Conferencia Latinoamericana tiene así la posibilidad de volver a convertirse en caja de resonancia e impulso para el avance de las políticas sobre drogas.

Derechos Humanos y Políticas de Drogas

En el contexto de un marcado rechazo a la denominada “guerra contra las drogas”, uno de los puntos más destacados del temario se refiere a Derechos Humanos y Políticas de Drogas: políticas preventivas, asistenciales, y el lugar de los usuarios de drogas en la agenda de los organismos de Naciones Unidas. Los especialistas expondrán también sobre atención integral, contexto sociocultural y reformas legislativas, entre otros temas.

La II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas reunirá a más de treinta panelistas de trece países, todos expertos. Entre ellos se encuentran: Ethan Nadelman (DPA), Manuel Cardoso (Instituto de las Drogas y las Adicciones de Portugal), José Serrano Salgado (ministro de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador), Mónica Cuñarro (titular de la secretaría que coordina las políticas de drogas en Argentina), Reynaldo Molina Salvatierra (Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de la Hoja de Coca, de Bolivia), Pedro Gabriel Godinho Delgado y Mariangela Simao (ambos del ministerio de Salud de Brasil), Luis Astorga (investigador de la UNAM, México), Francisco Thoumì (experto colombiano) y Paulo Teixeira (Diputado Federal por el Partido de los Trabajadores de Brasil).

Inscripción

Toda la información sobre la Conferencia, el temario y los horarios, además de datos útiles sobre dónde hospedarse en Río de Janeiro y los formularios de inscripción pueden consultarse vía Internet en www.conferenciadrogas.com. La inscripción es sin cargo, pero los cupos son limitados por la capacidad del auditorio.

Sobre los organizadores

Intercambios Asociación Civil es una organización clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas. Desarrolla acciones de incidencia política, investigación, distribución de información y fortalecimiento de capacidades. Organiza la Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas, coordinó el proceso de discusión de la sociedad civil en la región sobre las metas fijadas por la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) y lleva organizadas siete Conferencias Nacionales de Políticas de Drogas.

Psicotropicus es una ONG fundada em 2003 que trabaja para cambiar la actual política de drogas. Es una asociación pionera en Brasil que ayudó a sacar el debate sobre drogas de la marginalidad en la que se encontraba y traerlo al centro de discusiones cotidianas. Tiene como objetivo reducir significativamente los daños causados por la política de drogas vigente, a través de la movilización, del diálogo, de la información confiable, apoyando investigaciones y generando conocimiento para que tengamos una sociedad donde el “problema mundial de las drogas” sea abordado desde otro enfoque.