Más de la 2da Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas
Evitar la persecución penal de los usuarios de drogas es el primer paso para lograr el protagonismo de las políticas sociales y de salud. En el Panel “Políticas socio-sanitarias” se presentaron las experiencias de Portugal y Brasil, con una revisión crítica de logros y desafíos.
¿Cómo se traducen los discursos innovadores y respetuosos de los derechos humanos en políticas sociales y de salud para los usuarios de drogas? A partir de esta pregunta, en la mesa sobre “Políticas socio-sanitarias” se presentaron la experiencia de descriminalización de todas las drogas ocurrida en Portugal en 2002, que estuvo a cargo de Manuel Cardoso, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Droga y Toxicomanía de ese país; Luciana Boiteux, integrante del Consejo Consultivo de la Red Brasileña de Reducción de Daños y Derechos Humanos (REDUC) y Pedro Gabriel Godinho Delgado, coordinador de Salud Mental, Alcohol y otras Drogas del Ministerio de Salud de Brasil.
Cardoso, co-responsable del proceso de descriminalización en Portugal, explicó que en la década de 1980, cuando comenzaron a investigar los consumos de los usuarios de drogas, los estudios señalaban que el 89 por ciento consumía heroína, el 50 por ciento en forma inyectable. Después se produjo una incorporación de marihuana y las drogas se constituyó en un tema penal. En 1999 se construyó la primera estrategia integral, que continúa hasta la actualidad: en 2000 se aprobó la ley de descriminalización y en 2001 comenzó a funcionar un organismo específico.
“El primer gran marco de trabajo es tratamiento para todos, sea que vengan o los vayamos a buscar; el segundo es políticas innovadoras, como la reducción de daños”, explicó Cardoso, quien señaló además que los guían dos principios: humanismo y pragmatismo, no negar atención a nadie y usar los métodos científicamente probados.
Por su parte, Luciana Boiteux, quien además es coordinadora del grupo de investigaciones sobre Políticas de Drogas y Derechos Humanos de la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, señaló que el 70 por ciento de las personas detenidas por narcotráfico son varones pobres, detenidos solos en la vía pública, sin armas y con pequeñas cantidades de sustancias. A partir de estos datos, criticó las políticas represivas porque “son inefectivas en la reducción de los problemas asociados a las drogas; la represión a los traficantes sirve como pretexto para mayor intervención policial”.
Boiteux señaló que las operaciones en Río de Janeiro “son contraproducentes, pues no inhiben el mercado ilícito pero sí traen mucha muerte”. Y concluyó: “Las actuales políticas son inefectivas, pero hay una parte de la burocracia internacional que está acomodada con la situación actual, por eso no cambia”.
El coordinador del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud del Brasil, Pedro Gabriel Godinho Delgado, reconoció que, a pesar de que el sistema de salud de Brasil tiene como principio básico la universalidad, inclusive para los toxicodependientes,”lo cierto es que el mismo sector salud se rehúsa a prestar servicio cuando los usuarios no se comprometen con la interrupción del uso de drogas, la consecuencia de esto es que los usuarios no se acercan al sistema”.
Por eso, Godinho Delgado considera que existen dos grandes líneas de trabajo: 1) convencer al sector salud y a la sociedad entera de que debe atraerse al usuario al sistema de salud y para esto las terapias no pueden basarse en condiciones de abandono total, porque esto se convierte en un “chantaje”; 2) brindar tratamientos no obligatorios e integrales, no sólo de salud sino de todas las áreas necesarias para disminuir la vulnerabilidad social que empuja a mucha gente a usar ciertas drogas.
El moderador de la mesa, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, Milton Romani, señaló que las estrategias socio-sanitarias presentadas en la mesa para la atención de usuarios de drogas coincidieron en señalar la necesidad de llevar el tema de las drogas al campo de la salud, descriminalización de los usuarios y atención universal sin estigma ni discriminación como requisitos para lograr respuestas efectivas.
martes, 31 de agosto de 2010
¿Cómo ven los organismos internacionales a los usuarios de drogas?
De la 2da Conferencia Latinoamericana sobre políticas de drogas:
¿Qué grado de prioridad tienen los usuarios de drogas en la agenda de los organismos multilaterales en la región? ¿Cómo podría incrementarse la atención sobre estas poblaciones? Con estas preguntas se abrió la mesa “Los usuarios de drogas en la agenda de los organismos multilaterales“, que el jueves 26 por la tarde convocó a representantes de cuatro agencias de Naciones Unidas y a la agencia de cooperación internacional Alianza Internacional. El encuentro puso de manifiesto las diferentes miradas que existen en las agencias sobre los problemas asociados a las drogas.
En una misma mesa, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Programa Conjunto sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la agencia de cooperación Alianza Internacional contra el VIH/Sida plantearon cuál es la mirada y experiencia de los organismos multilaterales en la construcción de la agenda pública.
“Las políticas de drogas tienen que ver con pensar en la prevención, la promoción de la salud y el respeto de los derechos humanos, buscando también la seguridad pública a través del combate al crimen organizado”, señaló Bo Mathiesen, representante regional de la ONUDD para Brasil y el Cono Sur.
Por su parte, Pedro Chequer, coordinador de ONUSIDA en Brasil, destacó el rol del movimiento social del VIH y drogas y afirmó que “es necesario expandir la oferta de servicios para usuarios de drogas seropositivos”.
Desde la OPS/OMS, Marcelo Vila, coordinador subregional en VIH/ITS señaló que “los prejuicios y estigma a los usuarios de drogas también existen en la salud pública”. Vila afirmó que “si no hay servicios de salud para usuarios de drogas, y si las y los usuarios de drogas ven que pueden ser prejuzgados simplemente por usar drogas, no buscarán los servicios de salud.” En ese mismo sentido, David Rui Villa-Franca, representante del PNUD señaló que desde esta agencia “se prioriza el desarrollo humano en general y no se restringe a un abordaje de salud exclusivamente”.
Finalmente, Javier Hourcade Bellocq, representante regional para América Latina y el Caribe de la Alianza Internacional contra el VIH/sida, director ejecutivo de Amigos del Fondo Mundial - Latinoamérica y Caribe, afirmó que “en los países donde se encarcela al usuario de drogas, hay mayor prevalencia del VIH entre usuarios de drogas inyectables”
Para concluir la mesa, su moderador Pablo Cymerman, responsable del área de Relaciones Institucionales de Intercambios e investigador de la Universidad de Buenos Aires destacó que tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas como varias de las agencias elaboraron en estos años resoluciones, declaraciones y documentos orientadores, y se hace necesario abrir canales para evaluar cómo incrementar la atención a las usuarias y usuarios de drogas.
¿Qué grado de prioridad tienen los usuarios de drogas en la agenda de los organismos multilaterales en la región? ¿Cómo podría incrementarse la atención sobre estas poblaciones? Con estas preguntas se abrió la mesa “Los usuarios de drogas en la agenda de los organismos multilaterales“, que el jueves 26 por la tarde convocó a representantes de cuatro agencias de Naciones Unidas y a la agencia de cooperación internacional Alianza Internacional. El encuentro puso de manifiesto las diferentes miradas que existen en las agencias sobre los problemas asociados a las drogas.
En una misma mesa, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Programa Conjunto sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la agencia de cooperación Alianza Internacional contra el VIH/Sida plantearon cuál es la mirada y experiencia de los organismos multilaterales en la construcción de la agenda pública.
“Las políticas de drogas tienen que ver con pensar en la prevención, la promoción de la salud y el respeto de los derechos humanos, buscando también la seguridad pública a través del combate al crimen organizado”, señaló Bo Mathiesen, representante regional de la ONUDD para Brasil y el Cono Sur.
Por su parte, Pedro Chequer, coordinador de ONUSIDA en Brasil, destacó el rol del movimiento social del VIH y drogas y afirmó que “es necesario expandir la oferta de servicios para usuarios de drogas seropositivos”.
Desde la OPS/OMS, Marcelo Vila, coordinador subregional en VIH/ITS señaló que “los prejuicios y estigma a los usuarios de drogas también existen en la salud pública”. Vila afirmó que “si no hay servicios de salud para usuarios de drogas, y si las y los usuarios de drogas ven que pueden ser prejuzgados simplemente por usar drogas, no buscarán los servicios de salud.” En ese mismo sentido, David Rui Villa-Franca, representante del PNUD señaló que desde esta agencia “se prioriza el desarrollo humano en general y no se restringe a un abordaje de salud exclusivamente”.
Finalmente, Javier Hourcade Bellocq, representante regional para América Latina y el Caribe de la Alianza Internacional contra el VIH/sida, director ejecutivo de Amigos del Fondo Mundial - Latinoamérica y Caribe, afirmó que “en los países donde se encarcela al usuario de drogas, hay mayor prevalencia del VIH entre usuarios de drogas inyectables”
Para concluir la mesa, su moderador Pablo Cymerman, responsable del área de Relaciones Institucionales de Intercambios e investigador de la Universidad de Buenos Aires destacó que tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas como varias de las agencias elaboraron en estos años resoluciones, declaraciones y documentos orientadores, y se hace necesario abrir canales para evaluar cómo incrementar la atención a las usuarias y usuarios de drogas.
Para una política de drogas adecuada, hace falta un enfoque que respete los derechos humanos
Para una política de drogas adecuada, hace falta un enfoque que respete los derechos humanos
En el marco de la II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas que se está llevando a cabo en Río de Janeiro, se realizó el panel denominado Derechos humanos y políticas de drogas, que tuvo como disertantes a destacados especialistas y funcionarios de diversos países.
(Río de Janeiro, 26 de agosto de 2010) La II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas se puso en marcha. Luego de la apertura del encuentro, tuvo lugar el panel acerca de Derechos humanos y políticas de drogas, donde participaron Pedro Vieira Abramovay, Secretario Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia de Brasil, Jorge da Silva, miembro de la Comisión Brasileña sobre Drogas y Democracia y ex Secretario de Estado de Derechos Humanos de Rio de Janeiro (2003-2006), Claudio Morgado, Presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina, y Kasia Malinowska-Sempruch (Polonia), Directora del Programa Global sobre Políticas de Drogas del Open Society Institute (OSI). El moderador fue Rubem César Fernandes, Director ejecutivo de Viva Rio y Secretario Ejecutivo de la Comisión Brasileña sobre Drogas y Democracia.
La legislación brasileña todavía tiene deficiencias evidentes
Según afirmó Pedro Vieira Abramovay, “la legislación brasilera atravesó el prejuicio pero tiene deficiencias evidentes todavía. Las personas que van presas en el 70 por ciento de los casos están desarmadas, no tienen ningún vínculo con el crimen organizado y estaban solas. Entonces, a pesar de la nueva ley, se termina penalizando de manera severa a las personas que no son traficantes”.
“Hay un límite entre el tráfico y el consumo. Sin embargo, una persona que va a ser considerada finalmente como consumidora, si la policía dice al comienzo del proceso que era narcotraficante, tendrá que estar todo el proceso encarcelada. Y así, una persona que no tenía vínculo antes con el crimen organizado, lo hará en la cárcel a partir por una violación de los derechos humanos. Este es un debate prohibido dentro del debate. Por eso es importante esta Conferencia, porque pone el dedo en la llaga y enfrenta el problema de frente.”
Contra las políticas represivas
A su turno, Jorge da Silva relató su experiencia en la policía militar, y cómo fue descubriendo las políticas represivas no constituyen la manera adecuada de abordar el tema drogas. “En mis tiempos de policía militar, yo creía que los usuarios de drogas debían ser reprimidos igual que los traficantes. Ahora he cambiado de opinión”, expresó.
Luego se refirió a la experiencia de Portugal, que implementó algunas medidas despenalizadoras en 2001. “Todos pensaba que habría un aumento total del consumo -señaló Da Silva-. Y eso no ocurrió. Teniendo en cuenta que el objetivo de las políticas globales de la guerra contra las drogas era acabar con las drogas, tendría que pensar que realmente no es gente ingenua.”
Finalemente, manifestó su “apoyo de forma radical” a las campañas de descriminalización de la marihuana porque “por algún lado tenemos que empezar”.
El estigma del “adicto”
Claudio Morgado se manifestó contra el enfoque que toma los aspectos sociales como factores de riesgo y no como parte constitutiva del problema. Explicó, además, que “el estigma del ‘adicto’ desaloja de la persona su identidad: hombre, mujer, amigo, amante. La consecuencia de esto es un abordaje que favorece el rechazo social”.
El funcionario argentino abogó por “el reconocimiento de las personas usuarias con uso problemático de drogas legales e ilegales como sujetos de derechos. Las políticas públicas, estrategias y acciones deben favorecer su autonomía y respeto de derechos humanos.”
Por último, dijo que el organismo que encabeza, el INADI, “apoya el proyecto de ley de salud mental que tiene media sanción, que en su artículo 4 dice que las personas usuarias de drogas tienen todos los mismos derechos que todas las demás contempladas en la ley. Es una legislación no discriminatoria que esperamos avance.”
Salud pública y reducción de daños
Kasia Malinowska-Sempruch puntualizó que “cuando pensamos en políticas sobre drogas no pensamos apenas en políticas de justicia criminal. Es importante darnos cuenta que la cuestion abarca también la salud pública y la reducción de daños. Cuando hay políticas de otras áreas, ellas se relacionan con las drogas. Cuando hablamos de políticas de drogas, también hablamos de otras cuestiones relacionadas.”
“No podemos enfocarnos en políticas basadas en la abstinencia. Si la abstinencia es el único resultado deseado, no tendremos acceso a la metadona, por ejemplo. No importa que el tratamiento con metadona permita que los usuarios de opioides vuelvan a trabajar, no importa que se reduzca el sufrimiento de los familiares, no importa que abra las puertas para el usuario: como la metadona no lleva a la abstinencia, no será ofrecida en tratamientos”, planteó.
Fuente: www.conferenciadrogas.com
En el marco de la II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas que se está llevando a cabo en Río de Janeiro, se realizó el panel denominado Derechos humanos y políticas de drogas, que tuvo como disertantes a destacados especialistas y funcionarios de diversos países.
(Río de Janeiro, 26 de agosto de 2010) La II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas se puso en marcha. Luego de la apertura del encuentro, tuvo lugar el panel acerca de Derechos humanos y políticas de drogas, donde participaron Pedro Vieira Abramovay, Secretario Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia de Brasil, Jorge da Silva, miembro de la Comisión Brasileña sobre Drogas y Democracia y ex Secretario de Estado de Derechos Humanos de Rio de Janeiro (2003-2006), Claudio Morgado, Presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina, y Kasia Malinowska-Sempruch (Polonia), Directora del Programa Global sobre Políticas de Drogas del Open Society Institute (OSI). El moderador fue Rubem César Fernandes, Director ejecutivo de Viva Rio y Secretario Ejecutivo de la Comisión Brasileña sobre Drogas y Democracia.
La legislación brasileña todavía tiene deficiencias evidentes
Según afirmó Pedro Vieira Abramovay, “la legislación brasilera atravesó el prejuicio pero tiene deficiencias evidentes todavía. Las personas que van presas en el 70 por ciento de los casos están desarmadas, no tienen ningún vínculo con el crimen organizado y estaban solas. Entonces, a pesar de la nueva ley, se termina penalizando de manera severa a las personas que no son traficantes”.
“Hay un límite entre el tráfico y el consumo. Sin embargo, una persona que va a ser considerada finalmente como consumidora, si la policía dice al comienzo del proceso que era narcotraficante, tendrá que estar todo el proceso encarcelada. Y así, una persona que no tenía vínculo antes con el crimen organizado, lo hará en la cárcel a partir por una violación de los derechos humanos. Este es un debate prohibido dentro del debate. Por eso es importante esta Conferencia, porque pone el dedo en la llaga y enfrenta el problema de frente.”
Contra las políticas represivas
A su turno, Jorge da Silva relató su experiencia en la policía militar, y cómo fue descubriendo las políticas represivas no constituyen la manera adecuada de abordar el tema drogas. “En mis tiempos de policía militar, yo creía que los usuarios de drogas debían ser reprimidos igual que los traficantes. Ahora he cambiado de opinión”, expresó.
Luego se refirió a la experiencia de Portugal, que implementó algunas medidas despenalizadoras en 2001. “Todos pensaba que habría un aumento total del consumo -señaló Da Silva-. Y eso no ocurrió. Teniendo en cuenta que el objetivo de las políticas globales de la guerra contra las drogas era acabar con las drogas, tendría que pensar que realmente no es gente ingenua.”
Finalemente, manifestó su “apoyo de forma radical” a las campañas de descriminalización de la marihuana porque “por algún lado tenemos que empezar”.
El estigma del “adicto”
Claudio Morgado se manifestó contra el enfoque que toma los aspectos sociales como factores de riesgo y no como parte constitutiva del problema. Explicó, además, que “el estigma del ‘adicto’ desaloja de la persona su identidad: hombre, mujer, amigo, amante. La consecuencia de esto es un abordaje que favorece el rechazo social”.
El funcionario argentino abogó por “el reconocimiento de las personas usuarias con uso problemático de drogas legales e ilegales como sujetos de derechos. Las políticas públicas, estrategias y acciones deben favorecer su autonomía y respeto de derechos humanos.”
Por último, dijo que el organismo que encabeza, el INADI, “apoya el proyecto de ley de salud mental que tiene media sanción, que en su artículo 4 dice que las personas usuarias de drogas tienen todos los mismos derechos que todas las demás contempladas en la ley. Es una legislación no discriminatoria que esperamos avance.”
Salud pública y reducción de daños
Kasia Malinowska-Sempruch puntualizó que “cuando pensamos en políticas sobre drogas no pensamos apenas en políticas de justicia criminal. Es importante darnos cuenta que la cuestion abarca también la salud pública y la reducción de daños. Cuando hay políticas de otras áreas, ellas se relacionan con las drogas. Cuando hablamos de políticas de drogas, también hablamos de otras cuestiones relacionadas.”
“No podemos enfocarnos en políticas basadas en la abstinencia. Si la abstinencia es el único resultado deseado, no tendremos acceso a la metadona, por ejemplo. No importa que el tratamiento con metadona permita que los usuarios de opioides vuelvan a trabajar, no importa que se reduzca el sufrimiento de los familiares, no importa que abra las puertas para el usuario: como la metadona no lleva a la abstinencia, no será ofrecida en tratamientos”, planteó.
Fuente: www.conferenciadrogas.com
Discurso de Apertura de la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas
“Hay un nuevo discurso sobre drogas en la región, el desafío es que se convierta en políticas que lleguen a la gente”
Las palabras de Graciela Touzé, Presidente de Intercambios Asociación Civil, dieron comienzo a la II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas que se lleva a cabo en el Noble Salón de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro. A continuación se reproduce su discurso.
Permítanme transmitirles mi enorme alegría por estar hoy inaugurando esta II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas, aquí, en esta ciudad maravillosa que es Rio de Janeiro.
Nos acompañan muchos viejos amigos, funcionarios de gobierno, de agencias multilaterales, expertos, activistas, que han participado en años anteriores de las Conferencias que organizamos en Buenos Aires. Para quienes por primera vez se acercan a este espacio, permítanme contarles algo de la historia de la Conferencia, y de cómo llegamos hasta aquí.
En el año 2003, desde la Asociación Intercambios, decidimos que en nuestro país, Argentina, era necesario inaugurar un foro para discutir acerca de las políticas en materia de drogas, teniendo en cuenta las transformaciones en el contexto, el efecto de las políticas implementadas y la crisis de algunos paradigmas de intervención en el tema.
Convocamos entonces a decisores políticos, a académicos, a la sociedad civil, a un debate que rápidamente comenzó a mostrar la necesidad de encontrar nuevas formas de regulación al problema de las drogas y de incorporar la perspectiva de los derechos humanos.
En los años subsiguientes se sucedieron seis Conferencias Nacionales, y en cada una de ellas, la presencia de participantes de países hermanos de Latinoamérica y de otras regiones, nos fue mostrando el interés y la necesidad de establecer un mecanismo de encuentro y diálogo que permitiera poner en escena las diversas realidades y experiencias de nuestra América Latina.
Fue así que el año pasado, vimos oportuno organizar la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, con la intención de promover una acción planificada y coordinada en la región, que represente una posición más adecuada a las necesidades y prácticas culturales de nuestras poblaciones.
Y ahí echó a andar la idea: tener un espacio anual de reunión para profundizar estos debates y para establecer alianzas estratégicas de trabajo y cooperación. Y al mismo tiempo, ir replicando estos foros en los distintos países de la región.
El sueño de una iniciativa regional comenzó a concretarse cuando los amigos de Psicotropicus aceptaron el desafío de co-organizar la II Conferencia Latinoamericana en Rio de Janeiro, la que esperamos, sea un hito en un largo camino por recorrer.
2009 en Buenos Aires, 2010 en Rio de Janeiro, los mismos objetivos:
- Propiciar un debate social informado con miras a impulsar políticas no punitivas, fundadas en evidencia científica, que respondan y atiendan los diversos problemas asociados con las drogas, y
- Generar un intercambio a nivel regional entre académicos, decisores políticos y sociedad civil, a fin de mantener actualizado el mapa sobre el consumo de drogas, problemas asociados, políticas e intervenciones en la región.
Estos propósitos han orientado el programa de la Conferencia, estructurado en torno a 7 ejes.
El primero, los derechos humanos, porque queremos hacer hincapié en el hecho de que las personas que usan drogas ilícitas enfrentan situaciones de discriminación, rechazo y violencia que conducen a violaciones de sus derechos. Muchos de estos incidentes se ocultan o se justifican, bajo el argumento de la “peligrosidad” o la “incapacidad” de los usuarios de drogas, culpándolos así de los abusos a los que son sometidos. No es posible seguir tolerando estas situaciones.
El segundo es la agenda de los organismos multilaterales, y qué lugar ocupan en ella los usuarios de drogas. Los organismos multilaterales constituyen un actor clave en el desarrollo de las políticas en la región, aportando a la construcción de la agenda pública mediante sus programas de asistencia técnica y financiera. Tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas como varias de las agencias de su sistema han elaborado una serie de resoluciones, declaraciones y documentos orientadores de la atención a los usuarios de drogas en el marco de la salud pública y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, vemos con preocupación que sus acciones no son suficientes ni sistemáticas en América Latina, y reclamamos mayor atención y prioridad para estas poblaciones.
El tercer eje son las políticas socio-sanitarias. Un aspecto importante del debate actual sobre la reforma de las políticas de drogas se articula en torno al derecho a la salud como cuestión indisociable del respeto de los derechos humanos fundamentales. Los avances observados en la región tendientes a evitar la persecución penal de los usuarios de drogas exigen un claro protagonismo de las políticas sociales y sanitarias, y nos preguntamos cómo reducir la brecha existente entre los discursos innovadores y respetuosos de los derechos humanos y la efectiva implementación de políticas en materia de drogas.
El cuarto eje examina las fuerzas estructurales y los contextos socioculturales para comprender la particular situación de vulnerabilidad de los usuarios de drogas. La complejidad del fenómeno de las drogas y sus múltiples facetas incluyen aspectos como la producción y el tráfico de drogas, el papel de las fuerzas armadas, la corrupción política, entre otros. Asimismo, es menester encuadrarlo en un escenario más amplio que tome en consideración aspectos estructurales de las sociedades latinoamericanas, caracterizadas por condiciones de pobreza e inequidad, y que contemple la interacción con las políticas sociales y económicas llevadas adelante en la región.
El quinto eje se orienta hacia la atención integral a los usuarios de drogas, la que entendemos como el desarrollo de estrategias comprehensivas, complementarias y multisectoriales que se ocupen de la prevención, la asistencia por el consumo problemático, la reducción de los daños y la integración social. Sabemos de las dificultades que las poblaciones más afectadas continúan sufriendo en nuestra región para acceder a servicios de calidad.
El sexto eje se centra en las consecuencias que ha traído aparejado el paradigma de la guerra contra las drogas, consecuencias que agravaron los problemas en la región: cárceles atestadas, lavado de dinero, aumento de la pobreza e inseguridad de poblaciones campesinas por la erradicación forzada de cultivos, problemas ambientales y de salud debidos a fumigaciones aéreas, entre otros.
Y por último, la esperanza que encarnan las reformas legislativas que se están discutiendo en varios países de la región, y que incluyen entre otros, aspectos tales como la proporcionalidad en las sentencias y la aplicación de estándares de derechos humanos en la legislación y en la práctica judicial.
Estamos seguros que el nutrido grupo de panelistas que nos acompañarán estos dos días - a quienes agradezco infinitamente su disposición - no sólo enriquecerán este debate sino que nos brindarán además orientaciones concretas para la acción.
Porque esta Conferencia constituye un polo de discusión progresista que apunta a fortalecer los procesos de reforma de las políticas de drogas.
Es cierto que son muchos los signos alentadores en la región pero también es cierto que son muchos los desafíos que aún debemos enfrentar. Debemos reconocer que el cambio discursivo que implica reconocer el fracaso de la guerra contra las drogas aún no se ha traducido en políticas concretas que lleguen a la gente. Debemos insistir en la necesidad de instalar políticas de seguridad no represivas; nuestros países conocen demasiado bien las consecuencias funestas de la militarización de los conflictos, como las que hoy está viviendo México. Y debemos, de una vez y para siempre, instalar políticas de Estado a largo plazo que no estén sujetas a vaivenes electoralistas.
Creemos que esta Conferencia ocupa un espacio inédito en América Latina: expandir una masa crítica que alce una voz alternativa a la que por tanto tiempo se erigió como hegemónica.
Fuente: www.conferenciadrogas.com
Las palabras de Graciela Touzé, Presidente de Intercambios Asociación Civil, dieron comienzo a la II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas que se lleva a cabo en el Noble Salón de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro. A continuación se reproduce su discurso.
Permítanme transmitirles mi enorme alegría por estar hoy inaugurando esta II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas, aquí, en esta ciudad maravillosa que es Rio de Janeiro.
Nos acompañan muchos viejos amigos, funcionarios de gobierno, de agencias multilaterales, expertos, activistas, que han participado en años anteriores de las Conferencias que organizamos en Buenos Aires. Para quienes por primera vez se acercan a este espacio, permítanme contarles algo de la historia de la Conferencia, y de cómo llegamos hasta aquí.
En el año 2003, desde la Asociación Intercambios, decidimos que en nuestro país, Argentina, era necesario inaugurar un foro para discutir acerca de las políticas en materia de drogas, teniendo en cuenta las transformaciones en el contexto, el efecto de las políticas implementadas y la crisis de algunos paradigmas de intervención en el tema.
Convocamos entonces a decisores políticos, a académicos, a la sociedad civil, a un debate que rápidamente comenzó a mostrar la necesidad de encontrar nuevas formas de regulación al problema de las drogas y de incorporar la perspectiva de los derechos humanos.
En los años subsiguientes se sucedieron seis Conferencias Nacionales, y en cada una de ellas, la presencia de participantes de países hermanos de Latinoamérica y de otras regiones, nos fue mostrando el interés y la necesidad de establecer un mecanismo de encuentro y diálogo que permitiera poner en escena las diversas realidades y experiencias de nuestra América Latina.
Fue así que el año pasado, vimos oportuno organizar la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, con la intención de promover una acción planificada y coordinada en la región, que represente una posición más adecuada a las necesidades y prácticas culturales de nuestras poblaciones.
Y ahí echó a andar la idea: tener un espacio anual de reunión para profundizar estos debates y para establecer alianzas estratégicas de trabajo y cooperación. Y al mismo tiempo, ir replicando estos foros en los distintos países de la región.
El sueño de una iniciativa regional comenzó a concretarse cuando los amigos de Psicotropicus aceptaron el desafío de co-organizar la II Conferencia Latinoamericana en Rio de Janeiro, la que esperamos, sea un hito en un largo camino por recorrer.
2009 en Buenos Aires, 2010 en Rio de Janeiro, los mismos objetivos:
- Propiciar un debate social informado con miras a impulsar políticas no punitivas, fundadas en evidencia científica, que respondan y atiendan los diversos problemas asociados con las drogas, y
- Generar un intercambio a nivel regional entre académicos, decisores políticos y sociedad civil, a fin de mantener actualizado el mapa sobre el consumo de drogas, problemas asociados, políticas e intervenciones en la región.
Estos propósitos han orientado el programa de la Conferencia, estructurado en torno a 7 ejes.
El primero, los derechos humanos, porque queremos hacer hincapié en el hecho de que las personas que usan drogas ilícitas enfrentan situaciones de discriminación, rechazo y violencia que conducen a violaciones de sus derechos. Muchos de estos incidentes se ocultan o se justifican, bajo el argumento de la “peligrosidad” o la “incapacidad” de los usuarios de drogas, culpándolos así de los abusos a los que son sometidos. No es posible seguir tolerando estas situaciones.
El segundo es la agenda de los organismos multilaterales, y qué lugar ocupan en ella los usuarios de drogas. Los organismos multilaterales constituyen un actor clave en el desarrollo de las políticas en la región, aportando a la construcción de la agenda pública mediante sus programas de asistencia técnica y financiera. Tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas como varias de las agencias de su sistema han elaborado una serie de resoluciones, declaraciones y documentos orientadores de la atención a los usuarios de drogas en el marco de la salud pública y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, vemos con preocupación que sus acciones no son suficientes ni sistemáticas en América Latina, y reclamamos mayor atención y prioridad para estas poblaciones.
El tercer eje son las políticas socio-sanitarias. Un aspecto importante del debate actual sobre la reforma de las políticas de drogas se articula en torno al derecho a la salud como cuestión indisociable del respeto de los derechos humanos fundamentales. Los avances observados en la región tendientes a evitar la persecución penal de los usuarios de drogas exigen un claro protagonismo de las políticas sociales y sanitarias, y nos preguntamos cómo reducir la brecha existente entre los discursos innovadores y respetuosos de los derechos humanos y la efectiva implementación de políticas en materia de drogas.
El cuarto eje examina las fuerzas estructurales y los contextos socioculturales para comprender la particular situación de vulnerabilidad de los usuarios de drogas. La complejidad del fenómeno de las drogas y sus múltiples facetas incluyen aspectos como la producción y el tráfico de drogas, el papel de las fuerzas armadas, la corrupción política, entre otros. Asimismo, es menester encuadrarlo en un escenario más amplio que tome en consideración aspectos estructurales de las sociedades latinoamericanas, caracterizadas por condiciones de pobreza e inequidad, y que contemple la interacción con las políticas sociales y económicas llevadas adelante en la región.
El quinto eje se orienta hacia la atención integral a los usuarios de drogas, la que entendemos como el desarrollo de estrategias comprehensivas, complementarias y multisectoriales que se ocupen de la prevención, la asistencia por el consumo problemático, la reducción de los daños y la integración social. Sabemos de las dificultades que las poblaciones más afectadas continúan sufriendo en nuestra región para acceder a servicios de calidad.
El sexto eje se centra en las consecuencias que ha traído aparejado el paradigma de la guerra contra las drogas, consecuencias que agravaron los problemas en la región: cárceles atestadas, lavado de dinero, aumento de la pobreza e inseguridad de poblaciones campesinas por la erradicación forzada de cultivos, problemas ambientales y de salud debidos a fumigaciones aéreas, entre otros.
Y por último, la esperanza que encarnan las reformas legislativas que se están discutiendo en varios países de la región, y que incluyen entre otros, aspectos tales como la proporcionalidad en las sentencias y la aplicación de estándares de derechos humanos en la legislación y en la práctica judicial.
Estamos seguros que el nutrido grupo de panelistas que nos acompañarán estos dos días - a quienes agradezco infinitamente su disposición - no sólo enriquecerán este debate sino que nos brindarán además orientaciones concretas para la acción.
Porque esta Conferencia constituye un polo de discusión progresista que apunta a fortalecer los procesos de reforma de las políticas de drogas.
Es cierto que son muchos los signos alentadores en la región pero también es cierto que son muchos los desafíos que aún debemos enfrentar. Debemos reconocer que el cambio discursivo que implica reconocer el fracaso de la guerra contra las drogas aún no se ha traducido en políticas concretas que lleguen a la gente. Debemos insistir en la necesidad de instalar políticas de seguridad no represivas; nuestros países conocen demasiado bien las consecuencias funestas de la militarización de los conflictos, como las que hoy está viviendo México. Y debemos, de una vez y para siempre, instalar políticas de Estado a largo plazo que no estén sujetas a vaivenes electoralistas.
Creemos que esta Conferencia ocupa un espacio inédito en América Latina: expandir una masa crítica que alce una voz alternativa a la que por tanto tiempo se erigió como hegemónica.
Fuente: www.conferenciadrogas.com
Se realiza en Río de Janeiro el encuentro sobre políticas de drogas más importante de la región
Tres ministros brasileños y las principales autoridades en políticas de drogas de Argentina, Ecuador y Uruguay debatirán alternativas a la criminalización y persecución que lleva a la cárcel sólo al microtráfico sin desarmar el crimen organizado. Será durante la II Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas, que reúne a expertos de trece países y cuenta con el auspicio de la Organización Panamericana e la Salud (OPS/OMS) , la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (ONUDD) y de ONUSIDA.
(Río de Janeiro, 17 de Agosto de 2010) Con la participación del ministro de Justicia del Brasil Luiz Paulo Teles Barreto, del ministro de Salud José Gomes Temporão, el secretario nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) Paulo Roberto Yog de Miranda Uchoa y Paulo Vannuchi, ministro de la Secretaría Especial sobre Derechos Humanos, el próximo 26 de agosto se inaugura la II Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas en Río de Janeiro, en el Noble Salón de la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal.
Durante el 26 y 27 de agosto disertarán miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (ONUDD) y otros organismos de Naciones Unidas, funcionarios públicos y expertos de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Chile y Perú. La meta: abrir el debate sobre las alternativas políticas ante el fracaso de la guerra contra las drogas impulsada en los últimos veinte años.
“Una investigación del Ministerio de Justicia de Brasil revela que la mayor parte de las condenas por delitos de tráfico de drogas no afectan a grupos criminales fuertemente armados sino a pequeños vendedores, solos y sin armas. Esto abre la pregunta de quién es el real destinatario de la política de represión a las drogas y sobre la ‘clientela’ del sistema penal”, advierte Luiz Paulo Guanabara, director de Psicotropicus, co-organizadora local de la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas y la I Conferencia Brasilera, en asociación con Intercambios Asociación Civil, responsable regional del evento.
La misma pregunta atraviesa los debates en toda la región. El Ministro de Justicia de Ecuador, José Serrano Salgado, entrevistado por la participación de su cartera en la Conferencia (ver http://conferenciadrogas.com/?page_id=4887&lang=es) explicó que en su país las reformas tienden “a perseguir al crimen organizado que opera detrás de los más débiles que caen en el sistema penal”. Y para esto propone establecer una tabla de dosis de tenencia para de uso personal. En la misma línea, el viceministro de Justicia del Brasil, Pedro Vieira Abramovay, quien disertará en el panel Derechos Humanos y Políticas de Drogas, anunció que su gobierno analiza despenalizar el consumo de marihuana.
El panel dedicado a Reformas Legislativas en América Latina contará además con la exposición de la fiscal argentina Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay, Jorge Ruibal Pino, el especialista boliviano en la problemática de la hoja de coca y narcotráfico Diego Giacoman Aramayo y el diputado Federal de San Pablo Paulo Teixeira.
Finalmente, Manuel Cardoso, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Droga y Toxicomanía de Portugal presentará en el panel “Políticas socio-sanitarias” la experiencia de ese país en despenalización, citada como ejemplo en todo el mundo. Esta mesa, moderada por Milton Romani, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, contará también con la exposición de Pedro Gabriel Godinho Delgado, coordinador Nacional de Salud Mental, Alcohol y otras Drogas del Ministerio de Salud de Brasil.
La conferencia cuenta con la adhesión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ONUSIDA, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Secretaria de Asistencia Social y Derechos Humanos de Brasil (SEASDH), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), el Transnational Institute (TNI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Drug Policy Alliance (DPA), entre otras instituciones. Además, es patrocinada por la Fundación Open Society Institute, el Programa Nacional de ITS, SIDA y Hepatitis Viral del Ministerio de Salud del Brasil y Viva Rio.
Intercambios Asociación Civil es una organización clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas. Desarrolla acciones de incidencia política, investigación, distribución de información y fortalecimiento de capacidades. Organiza la Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas, coordinó el proceso de discusión de la sociedad civil en la región sobre las metas fijadas por la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) y lleva organizadas siete Conferencias Nacionales de Políticas de Drogas. Es organizadora de las I y II Conferencias Latinoamericanas.
Psicotropicus es una ONG fundada en 2003 que trabaja para cambiar la actual política de drogas. Es una asociación pionera en Brasil que ayudó a sacar el debate sobre drogas de la marginalidad en la que se encontraba y traerlo al centro de discusiones cotidianas. Tiene como objetivo reducir significativamente los daños causados por la política de drogas vigente, a través de la movilización, del diálogo, de la información confiable, apoyando investigaciones y generando conocimiento para que tengamos una sociedad donde el “problema mundial de las drogas” sea abordado desde otro enfoque. Es organizadora de las II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasilera en Políticas de Drogas.
Fuente:www.conferenciadrogas.com
(Río de Janeiro, 17 de Agosto de 2010) Con la participación del ministro de Justicia del Brasil Luiz Paulo Teles Barreto, del ministro de Salud José Gomes Temporão, el secretario nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) Paulo Roberto Yog de Miranda Uchoa y Paulo Vannuchi, ministro de la Secretaría Especial sobre Derechos Humanos, el próximo 26 de agosto se inaugura la II Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas en Río de Janeiro, en el Noble Salón de la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal.
Durante el 26 y 27 de agosto disertarán miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (ONUDD) y otros organismos de Naciones Unidas, funcionarios públicos y expertos de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Chile y Perú. La meta: abrir el debate sobre las alternativas políticas ante el fracaso de la guerra contra las drogas impulsada en los últimos veinte años.
“Una investigación del Ministerio de Justicia de Brasil revela que la mayor parte de las condenas por delitos de tráfico de drogas no afectan a grupos criminales fuertemente armados sino a pequeños vendedores, solos y sin armas. Esto abre la pregunta de quién es el real destinatario de la política de represión a las drogas y sobre la ‘clientela’ del sistema penal”, advierte Luiz Paulo Guanabara, director de Psicotropicus, co-organizadora local de la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas y la I Conferencia Brasilera, en asociación con Intercambios Asociación Civil, responsable regional del evento.
La misma pregunta atraviesa los debates en toda la región. El Ministro de Justicia de Ecuador, José Serrano Salgado, entrevistado por la participación de su cartera en la Conferencia (ver http://conferenciadrogas.com/?page_id=4887&lang=es) explicó que en su país las reformas tienden “a perseguir al crimen organizado que opera detrás de los más débiles que caen en el sistema penal”. Y para esto propone establecer una tabla de dosis de tenencia para de uso personal. En la misma línea, el viceministro de Justicia del Brasil, Pedro Vieira Abramovay, quien disertará en el panel Derechos Humanos y Políticas de Drogas, anunció que su gobierno analiza despenalizar el consumo de marihuana.
El panel dedicado a Reformas Legislativas en América Latina contará además con la exposición de la fiscal argentina Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay, Jorge Ruibal Pino, el especialista boliviano en la problemática de la hoja de coca y narcotráfico Diego Giacoman Aramayo y el diputado Federal de San Pablo Paulo Teixeira.
Finalmente, Manuel Cardoso, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Droga y Toxicomanía de Portugal presentará en el panel “Políticas socio-sanitarias” la experiencia de ese país en despenalización, citada como ejemplo en todo el mundo. Esta mesa, moderada por Milton Romani, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, contará también con la exposición de Pedro Gabriel Godinho Delgado, coordinador Nacional de Salud Mental, Alcohol y otras Drogas del Ministerio de Salud de Brasil.
La conferencia cuenta con la adhesión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ONUSIDA, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Secretaria de Asistencia Social y Derechos Humanos de Brasil (SEASDH), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), el Transnational Institute (TNI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Drug Policy Alliance (DPA), entre otras instituciones. Además, es patrocinada por la Fundación Open Society Institute, el Programa Nacional de ITS, SIDA y Hepatitis Viral del Ministerio de Salud del Brasil y Viva Rio.
Intercambios Asociación Civil es una organización clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas. Desarrolla acciones de incidencia política, investigación, distribución de información y fortalecimiento de capacidades. Organiza la Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas, coordinó el proceso de discusión de la sociedad civil en la región sobre las metas fijadas por la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) y lleva organizadas siete Conferencias Nacionales de Políticas de Drogas. Es organizadora de las I y II Conferencias Latinoamericanas.
Psicotropicus es una ONG fundada en 2003 que trabaja para cambiar la actual política de drogas. Es una asociación pionera en Brasil que ayudó a sacar el debate sobre drogas de la marginalidad en la que se encontraba y traerlo al centro de discusiones cotidianas. Tiene como objetivo reducir significativamente los daños causados por la política de drogas vigente, a través de la movilización, del diálogo, de la información confiable, apoyando investigaciones y generando conocimiento para que tengamos una sociedad donde el “problema mundial de las drogas” sea abordado desde otro enfoque. Es organizadora de las II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasilera en Políticas de Drogas.
Fuente:www.conferenciadrogas.com
lunes, 30 de agosto de 2010
Expertos en políticas de drogas de trece países se reúnen en Río de Janeiro
Será el 26 y 27 de agosto en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el marco de la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas y la I Conferencia Brasileña. Se concentrarán en geopolítica y tráfico, despenalización y tratamientos alternativos. La Conferencia es realizada por dos organizaciones de la sociedad civil: Intercambios, de Argentina, y Psicotrópicus, de Brasil.
(Río de Janeiro, 21 Julio de 2010) A un año de la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, el debate sobre tráfico, consumo, despenalización y políticas gubernamentales se incrementó en toda la región. Con la presencia de expertos de trece países, académicos, funcionarios y activistas, el próximo 26 y 27 de agosto en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro, se realizará la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas. Se trata del evento más importante de la región en políticas de drogas, que este año tiene sede en Brasil.
La Conferencia, realizada el año pasado en Buenos Aires, estuvo signada por la expectativa ante la inminencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina que declararía inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal. En ese marco, la participación de uno de los jueces del máximo tribunal como panelista, Eugenio Zaffaroni, el encuentro sirvió para que el tema se instalara en la agenda de los medios nacionales y de toda la región.
Algo similar ocurre este año en Brasil, ya que hace pocos días viceministro de Justicia Pedro Vieira Abramovay anunció que su gobierno analiza despenalizar el consumo de marihuana. A su vez, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso señaló que la actual legislación merece ser revisada y criticó las políticas centradas en la represión al consumidor. La II Conferencia Latinoamericana tiene así la posibilidad de volver a convertirse en caja de resonancia e impulso para el avance de las políticas sobre drogas.
Derechos Humanos y Políticas de Drogas
En el contexto de un marcado rechazo a la denominada “guerra contra las drogas”, uno de los puntos más destacados del temario se refiere a Derechos Humanos y Políticas de Drogas: políticas preventivas, asistenciales, y el lugar de los usuarios de drogas en la agenda de los organismos de Naciones Unidas. Los especialistas expondrán también sobre atención integral, contexto sociocultural y reformas legislativas, entre otros temas.
La II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas reunirá a más de treinta panelistas de trece países, todos expertos. Entre ellos se encuentran: Ethan Nadelman (DPA), Manuel Cardoso (Instituto de las Drogas y las Adicciones de Portugal), José Serrano Salgado (ministro de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador), Mónica Cuñarro (titular de la secretaría que coordina las políticas de drogas en Argentina), Reynaldo Molina Salvatierra (Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de la Hoja de Coca, de Bolivia), Pedro Gabriel Godinho Delgado y Mariangela Simao (ambos del ministerio de Salud de Brasil), Luis Astorga (investigador de la UNAM, México), Francisco Thoumì (experto colombiano) y Paulo Teixeira (Diputado Federal por el Partido de los Trabajadores de Brasil).
Inscripción
Toda la información sobre la Conferencia, el temario y los horarios, además de datos útiles sobre dónde hospedarse en Río de Janeiro y los formularios de inscripción pueden consultarse vía Internet en www.conferenciadrogas.com. La inscripción es sin cargo, pero los cupos son limitados por la capacidad del auditorio.
Sobre los organizadores
Intercambios Asociación Civil es una organización clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas. Desarrolla acciones de incidencia política, investigación, distribución de información y fortalecimiento de capacidades. Organiza la Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas, coordinó el proceso de discusión de la sociedad civil en la región sobre las metas fijadas por la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) y lleva organizadas siete Conferencias Nacionales de Políticas de Drogas.
Psicotropicus es una ONG fundada em 2003 que trabaja para cambiar la actual política de drogas. Es una asociación pionera en Brasil que ayudó a sacar el debate sobre drogas de la marginalidad en la que se encontraba y traerlo al centro de discusiones cotidianas. Tiene como objetivo reducir significativamente los daños causados por la política de drogas vigente, a través de la movilización, del diálogo, de la información confiable, apoyando investigaciones y generando conocimiento para que tengamos una sociedad donde el “problema mundial de las drogas” sea abordado desde otro enfoque.
(Río de Janeiro, 21 Julio de 2010) A un año de la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, el debate sobre tráfico, consumo, despenalización y políticas gubernamentales se incrementó en toda la región. Con la presencia de expertos de trece países, académicos, funcionarios y activistas, el próximo 26 y 27 de agosto en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro, se realizará la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas. Se trata del evento más importante de la región en políticas de drogas, que este año tiene sede en Brasil.
La Conferencia, realizada el año pasado en Buenos Aires, estuvo signada por la expectativa ante la inminencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina que declararía inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal. En ese marco, la participación de uno de los jueces del máximo tribunal como panelista, Eugenio Zaffaroni, el encuentro sirvió para que el tema se instalara en la agenda de los medios nacionales y de toda la región.
Algo similar ocurre este año en Brasil, ya que hace pocos días viceministro de Justicia Pedro Vieira Abramovay anunció que su gobierno analiza despenalizar el consumo de marihuana. A su vez, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso señaló que la actual legislación merece ser revisada y criticó las políticas centradas en la represión al consumidor. La II Conferencia Latinoamericana tiene así la posibilidad de volver a convertirse en caja de resonancia e impulso para el avance de las políticas sobre drogas.
Derechos Humanos y Políticas de Drogas
En el contexto de un marcado rechazo a la denominada “guerra contra las drogas”, uno de los puntos más destacados del temario se refiere a Derechos Humanos y Políticas de Drogas: políticas preventivas, asistenciales, y el lugar de los usuarios de drogas en la agenda de los organismos de Naciones Unidas. Los especialistas expondrán también sobre atención integral, contexto sociocultural y reformas legislativas, entre otros temas.
La II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas reunirá a más de treinta panelistas de trece países, todos expertos. Entre ellos se encuentran: Ethan Nadelman (DPA), Manuel Cardoso (Instituto de las Drogas y las Adicciones de Portugal), José Serrano Salgado (ministro de Justicia y Derechos Humanos de Ecuador), Mónica Cuñarro (titular de la secretaría que coordina las políticas de drogas en Argentina), Reynaldo Molina Salvatierra (Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de la Hoja de Coca, de Bolivia), Pedro Gabriel Godinho Delgado y Mariangela Simao (ambos del ministerio de Salud de Brasil), Luis Astorga (investigador de la UNAM, México), Francisco Thoumì (experto colombiano) y Paulo Teixeira (Diputado Federal por el Partido de los Trabajadores de Brasil).
Inscripción
Toda la información sobre la Conferencia, el temario y los horarios, además de datos útiles sobre dónde hospedarse en Río de Janeiro y los formularios de inscripción pueden consultarse vía Internet en www.conferenciadrogas.com. La inscripción es sin cargo, pero los cupos son limitados por la capacidad del auditorio.
Sobre los organizadores
Intercambios Asociación Civil es una organización clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas. Desarrolla acciones de incidencia política, investigación, distribución de información y fortalecimiento de capacidades. Organiza la Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas, coordinó el proceso de discusión de la sociedad civil en la región sobre las metas fijadas por la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) y lleva organizadas siete Conferencias Nacionales de Políticas de Drogas.
Psicotropicus es una ONG fundada em 2003 que trabaja para cambiar la actual política de drogas. Es una asociación pionera en Brasil que ayudó a sacar el debate sobre drogas de la marginalidad en la que se encontraba y traerlo al centro de discusiones cotidianas. Tiene como objetivo reducir significativamente los daños causados por la política de drogas vigente, a través de la movilización, del diálogo, de la información confiable, apoyando investigaciones y generando conocimiento para que tengamos una sociedad donde el “problema mundial de las drogas” sea abordado desde otro enfoque.
miércoles, 21 de abril de 2010
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