I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas
Conclusiones y Perspectivas:
Gana consenso la propuesta de
no criminalizar a los eslabones
más frágiles del tráfico
Con más de 650 asistentes de distintos países y la presencia de reconocidos expertos en políticas de drogas de América Latina, el 6 y 7 de agosto en el salón auditorio del edifico anexo de la Cámara de Diputados se desarrolló la I Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas en Buenos Aires y la VII Conferencia Nacional. Organizada por la asociación civil Intercambios, organización no gubernamental clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos de Naciones Unidas, el encuentro se concentró en la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, reformas legislativas en la región, atención integral de los usuarios de drogas y alternativas políticas ante el fracaso de la guerra contra las drogas impulsada en los últimos veinte años.
Durante la inauguración de las jornadas, el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, señaló: “Hace treinta años que vengo diciendo que el artículo 19 de la Constitución Nacional (que habla sobre los actos privados de los hombres) debe ser respetado y que este tema entra en ese artículo”. Además se lamentó porque, según su punto de vista, “lo que se hace es prohibir para subir precios. Esa suba de precio da lugar a la acumulación de más capital ilícito, lo cual permite cada vez romper más barreras institucionales. Ese es el círculo vicioso que desemboca en el llamado ‘crimen organizado’, que provoca mayor cantidad de muertos que los tóxicos prohibidos”.
Por su parte, el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández expresó la postura oficial frente a este tema: “Tenemos que dejarnos de eufemismos y aplicar la reducción de daños, diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo al daño que producen y cuidar por sobre todo la salud”. Luego afirmó que el gobierno espera “casi con impaciencia un fallo muy importante, que no va a despenalizar nada sino elaborar la inconstitucionalidad del castigo penal a un usuario privado”.
INTERCAMBIOS Asociación Civil es una organización no gubernamental que desde hace 13 años trabaja en el estudio y la atención de los problemas relacionados con las drogas y concibe esta Conferencia como un mecanismo efectivo de reunión de decisores y planificadores de políticas, investigadores y miembros de la sociedad civil con el fin de mejorar las políticas actuales de control de drogas, incrementar su eficacia, viabilidad y credibilidad.
La investigadora destacó también “los avances que se vislumbran en distintos países de la región, que están analizando reformas a sus legislaciones y a sus planes de acción, que están desarrollando propuestas más inclusivas e integrales para mejorar la atención de los problemas vinculados con las drogas”.
La conferencia se realizó con la adhesión del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la OPS, ONUSIDA y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) entre otras instituciones. Además, es patrocinada por la Fundación Open Society Institute, la Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, la Embajada del Reino de los Países Bajos, la Embajada Británica en Buenos Aires y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina.
También participó en la inauguración de la Conferencia la diputada Graciela Giannetasio, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la cámara baja. La legisladora abogó por “una política de salud que implique el tratamiento no judicializado”. Además, manifestó su preocupación por evitar que “la persecución penal de los eslabones menores encubra fenómenos de corrupción y narcotráfico”.
El encuentro apuntó a propiciar “un debate social informado con miras a impulsar políticas no punitivas, fundadas en evidencia científica, que respondan de manera eficaz a los diversos problemas asociados con las drogas” y generar un intercambio a nivel regional para “mantener actualizado el mapa sobre el consumo de drogas, problemas asociados, políticas e intervenciones en la región”.
Contexto sociocultural: pobreza, represión y biotecnología
El moderador de la mesa, Juan Machín Ramírez, integrante de la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS) de México abrió el panel explicando que, “cuando el discurso de la guerra contra las drogas se convirtió en efectivamente una guerra, en México nos costó 13 mil muertos en 2 años y medio”. Todos los panelistas de esta primera mesa se centraron en los problemas del reduccionismo biológico, que lee el problema de las drogas como el problema del desviado que amenaza al sistema social.
La célebre criminóloga venezolana, Lola Aniyar de Castro, jurado del Premio Internacional Estocolmo en Criminología y profesora titular emérita de la Universidad del Zulia, sintentizó en cuatro productos la guerra contra las drogas: 1) ríos de sangre (el crecimiento desmesurado de la violencia por el control de los mercados y del poder político); 2) un estado paralelo; 3) incapacidad de sustituir la economía de la droga por la economía tradicional y 4) la expansión del consumo. Además, señaló como dos tareas pendientes la reflexión acerca de la distancia entre espacios de reflexión académica y los espacios políticos en el tema droga y lo difícil que es encontrar posturas legislativas críticas en Latinoamérica.
Desde la perspectiva de la genética, el profesor de salud pública de la Universidad de Columbia y consultor internacional de genética y bioética, Víctor Penchaszadeh, advirtió cómo “la biologización y la medicalización hace que distraigamos nuestra atención con respecto a los determinantes sociales de enfermedad”.
Por su parte, el argentino Vicente Galli, integrante de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y ex Director Nacional de Salud Mental, planteó que hace falta “comprender que la salud de la gente tiene que ver con como son recibidos y van recorriendo sus caminos en el mundo”. Y señaló lo absurdo de la legislación argentina actual, que “obliga al adicto a dejar la sustancia para iniciar un tratamiento, lo cual es la militarización de los tratamientos: te ordeno que te cures”.
Desde la sociedad civil
La incidencia política fue el denominador común del panel “Iniciativas políticas de la sociedad civil”, moderado por Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex). La primera ponencia estuvo a cargo de Andrea Domínguez Duque, de la organización brasileña Viva Rio, cuya principal preocupación es bajar la violencia y es desde allí que llegan al trabajo en temas de drogas. Su estrategia pasa por alimentar un diálogo basado en información y no en prejuicios, creación de la Comisión Brasileña de Drogas y Democracia, que lideraron los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Ernesto Zedillo y articulándose en red con otras organizaciones, que trabajan el tema desde hace muchos años, como Psicotropicus, Intercambios, o el IDPC.
Bajo el título “Las iniciativas de las organizaciones sociales, alcances, límites y desafíos en los procesos de incidencia en políticas de drogas”, la titular de la Corporación Viviendo e integrante de la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS), la colombiana Ángela Tello, planteó como desafíos para la sociedad civil “la integración entre las redes latinoamericanas, compartir resultados, fracasos, procesos, ampliar la participación en ámbitos internacionales y visibilizar experiencias”.
Desde la organización Psicotropicus, João Pedro Pádua planteó que “la sociedad civil tiene el papel de articular la esfera pública informal con la esfera pública formal para formular políticas públicas democráticas. En políticas de drogas tenemos un gran problema: “el debate público está blindado por un tabú social de casi un siglo, que es la prohibición de las drogas al ser arbitrariamente definidas como ilícitas. La esfera pública no trata del tema drogas”.
Finalmente, Graciela Touzé, presidenta de la Asociación Civil Intercambios, explicó que esta organización centra su accionar en tres objetivos: 1) promoción de iniciativas de reforma de las políticas de drogas; 2) propiciar cambios en la legislación y la política pública en materia de drogas y 3) contribuir a la consolidación de una plataforma latinoamericana de coordinación de esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales hacia la reforma de las políticas de drogas. La especialista planteó que, a nivel regional, un buen ejemplo de este tipo de iniciativas es “la coordinación que llevamos adelante para el pasado 26 de junio, día mundial de las drogas, para poder sacar un comunicado conjunto entre trece países y esto habla de un momento de mayor consenso”.
En el cierre de la mesa, la moderadora Elena Reynaga, celebró la presencia de diferentes grupos de Madres contra el Paco en el encuentro y propuso la mayor coordinación y compromiso entre los expertos y las personas que viven más duramente cada día las problemáticas, “porque las madres son mujeres comprometidas con una búsqueda de cambio para sus hijos y quienes están comprometidos con estos temas son nuestros compañeros y compañeras para cambiar esta realidad”, concluyó.
Una mirada mundial sobre las reformas en drogas
Bajo el título “Panorama Internacional de reformas de políticas de drogas: aperturas y desafíos para el futuro”, el politólogo holandés Martin Jelsma, coordinador del Proyecto Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI), se concentró en los resultados de la reunión de alto nivel de Naciones Unidas que revisó en marzo pasado en Viena las metas fijadas hace una década en materia de drogas: “La revisión de UNGASS concluyó con una declaración decepcionante. El sistema de control de Naciones Unidas sigue sufriendo un impasse”. Sin embargo, valoró que “el proceso llevó a varias aperturas en el debate y la falta de coherencia del sistema de Naciones Unidas está ahora sobre la mesa”.
Jelsma planteó que se reconoce que existen contradicciones entre un control de drogas represivo y el respeto a los derechos humanos, el derecho a la salud y una estrategia eficaz contra el VIH/Sida.
Con la moderación de Milton Romani, secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, el experto holandés aseveró que “las convenciones constituyen instrumentos anacrónicos repletos de contradicciones”. Y estima que, en algún momento, las convenciones deberán ajustarse a los cambios de paradigma y de prácticas que se están dando en un número creciente de países en las áreas de reducción de daños, descriminalización y políticas alternativas a la represión al menos en lo que hace a la marihuana. “Esta tendencia representa un desarrollo hacia políticas más humanas y eficaces”, concluyó.
Reformas legislativas en América Latina
En el panel sobre “Reformas legislativas en América Latina”, la coordinadora del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja de la Jefatura del Gabinete de Ministros, Mónica Cuñarro, dedicó buena parte de su presentación a analizar las posibilidades de armonización normativa entre los países de América Latina y compatibilizar convenciones para coincidir en la persecución de los delitos asociados al narcotráfico. Sobre los consumidores de drogas, señaló: “Con estas leyes tan penalistas de nuestros países deberíamos dedicarnos a fabricar cárceles, no tenemos recursos para que todo se resuelva con grandes cárceles”.
Por su parte, el diputado brasileño del Partido de los Trabajadores, Paulo Teixeira, autor de la ley que prohíbe la patente de medicamentos de segundo uso y de la primera ley de reducción de daños en ese país, presentó un estudio publicado esta semana que analiza 391 sentencias de Río de Janeiro y Brasilia por infracciones a la ley de drogas 11.349. El estudio revela que el 56 % de los condenados estaban siendo detenidos por primera vez; el 84 % no llevaba armas; el 60,8 % estaba solo y no pertenecía a ninguna organización delictiva. El 50 % de los condenados por tráfico de marihuana estaban en posesión de menos de 100 gramos. “Estos resultados son muy similares a los que encontró Intercambios en la Argentina al analizar la aplicación de su ley de estupefacientes. El estudio demuestra que la ley de drogas brasileña aumenta el daño a los usuarios, porque en las cárceles ingresan en el crimen organizado”, señaló.
Teixeira reveló que el PT está presentando el mes próximo un proyecto de ley que pase a “un modelo democrático” en temas de drogas, con cinco puntos:
1) Descriminalización del uso y de la posesión (modelo portugués); 2) Introducción de penas alternativas para el tráfico de pequeñas cantidades de drogas, sin posesión de armas, sin asociación con organizaciones criminales y de reos primarios; 3) Diferenciación entre usuarios y traficantes; 4) Ampliar las posibilidades de reducción de daños a nuevos servicios y 5) Uso terapéutico, autorización de pequeños cultivos de marihuana y comercialización de pequeñas cantidades.
A su turno, Michelle Artieda, subsecretaria de planificación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, explicó que están en proceso de debate de un proyecto de ley de drogas que modifique la actual, que data de 1992 y “viola el principio de legalidad, establece penas no proporcionadas y no diferenciadas. Esto quiere decir que a un acto de portar cantidades mínimas pueden sobrevenir penas graves como las que se imparten por el asesinato”. La funcionaria ecuatoriana reveló que a segunda causa de detención en el Ecuador es la tenencia de drogas, “de las 14 mil personas privadas de la libertad, 4578 estaban vinculadas a delitos por drogas, 2200 de ellas detenidas por cantidades menores a 2 kilos”.
Un primer paso que dio el gobierno ecuatoriano a fines de 2008 fue el llamado “indulto a las mulas”, una medida que liberó a 1500 personas condenadas a prisión condenada por trasladar pequeñas cantidades de sustancias prohibidas. Y ya introdujo una reforma en su Constitución Nacional para que se respeten los derechos humanos de quienes consumen.
La moderadora de la mesa, la diputada mexicana Elsa Conde Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, sintetizó las ponencias resaltando los nuevos aires en la región que cuestionan el modelo abstencionista vigente en las últimas décadas.
La atención integral a usuarios de drogas
Analizar las experiencias concretas de tratamientos fue el tema central del panel “La atención integral a usuarios de drogas”, que con la moderación de la argentina Carola Lew, asesora en VIH/Sida para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), describió las experiencias y miradas sobre el tema de Paraguay, Uruguay, Argentina y México.
“El desafío es mejorar las ofertas terapéuticas”, aseveró al iniciar su presentación Manuel Fresco, director del Centro Nacional de Control de Adicciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, quien presentó un estudio del año 2005 que revela que quienes consultan son cada vez más jóvenes, policonsumidores con un incremento de prevalencia del consumo en mujeres.
La búsqueda de los tratamientos se centra en: detener el consumo, prolongar la abstinencia, reducir los daños y recuperar la funcionalidad plena o parcial en lo personal, social y económico. “Trabajamos con metas intermedias”, aseveró Fresco.
A su turno, el joven Aram Barra, representante por México de la Red Internacional de Jóvenes para la reducción de los daños asociados al uso de drogas (Youth RISE), señaló que en la región el 20 por ciento de la población tiene entre 15 y 24 años. “Las políticas hacia los jóvenes son escasas o nulas y las medidas de prevención son a menudo insuficientes y las campañas de prevención, no están ligadas a los motivos por los cuales consumimos drogas”.
Desde Santa Fe, de Argentina, la viceministra de salud de esa provincia, Débora Ferrandini, describió la experiencia de cerrar una institución psiquiátrica cerrada, a lo que definió como intentar “una lógica diferente de los enlatados de gestión hospitalaria” y derivar a los pacientes al sistema de salud y a las familias: “Esto generó un terremoto, resistencias de profesionales, pero también mucha gente que entendió que el sufrimiento debe ser alojado y hacerle un lugar en la sala general de los hospitales”.
Portal Amarillo, Centro de información y Referencia Nacional de la Red Drogas del Uruguay es la institución creada en 2005, a partir de los cambios cualitativos que se produjeron en ese país a raíz de la irrupción de la pasta base en 2001, “que en Uruguay se constituyó en un problema de salud pública y no en un problema represivo”, planteó Susana Grunbaum, directora de la institución. “El consumo problemático es un síntoma social contemporáneo y hay un sufrimiento personal. Hay causas sociales, pero queremos también escuchar a cada persona y a cada familia”, afirmó.
En la actualidad, tras atender a tres mil personas en tres años, la institución está evaluando la situación actual de esos pacientes: “Tuvimos contacto con cien de esos tres mil. De estos cien, la mitad estaba sin consumir, el 25% con un consumo menor y el 25% con un consumo igual o peor”. Ante estos resultados, Grunbaum aclaró: “La abstinencia no es la única meta. La meta es que renueve o comience una reinserción social”.
Finalmente, Luiz Paulo Guanabara, representante de la Red Internacional de Personas que Usan Drogas (INPUD), señaló que “no es una tarea fácil en el mundo de hoy representar a usuarios de drogas, porque se trata de una minoría criminalizada”. Para ejemplificar esta situación, explicó que el 85 por ciento de la población de Río de Janeiro culpa a los usuarios de drogas del tráfico, “por lo tanto es un riesgo presentarse como usuario, puede perderse el empleo, ser mal visto por sus compañeros y familia, etc”.
Consecuencias de la guerra contra las drogas
“Si seguimos persiguiendo al que consume, seguiremos siendo funcionales al narcotráfico”, dijo al abrir el panel sobre “Consecuencias de la guerra contra las drogas” la jueza Patricia Marcela Llerena, consultora de las Naciones Unidas en temas de Lavado de Dinero. Agregó: “El proceso de lavado de dinero no está hecho por personas escondidas en medio de la selva, sino por personas que entienden cuál es el grado de corrupción funcional para derivar el dinero proveniente de la actividad ilícita y que caminan por nuestras ciudades”.
Otra consecuencia de la guerra contra las drogas es el incremento de la población carcelaria. A esto se refirió el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro.1 de la Capital Federal argentina, Martín Edgardo Vázquez Acuña, quien afirmó: “Los jueces no tienen herramientas efectivas y mucho menos la posibilidad de la inclusión social de esta población intramuros”. Luego señaló que desde el Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja de la Jefatura del Gabinete que también integra, señalaron que “no puede haber parcelas, una política dentro de lo penitenciario y otra de salud, sino que la política la debe fijar el Ministerio de Salud”.
En el contexto de América Latina, los efectos para las poblaciones de Colombia, Perú y Bolivia, los tres países productores del el cien por ciento de la cocaína mundial, fueron analizados por el boliviano Dionicio Núñez Tangara, coordinador de Coca y Soberanía, y el experto peruano Hugo Cabieses, director del Desarrollo Rural Sustentable.
El dirigente cocalero explicó que, tras la asunción de Evo Morales como presidente de Bolivia, se diseñó una estrategia de lucha contra el narcotráfico con una visión de respeto de los derecho humanos”. Bolivia propone que la hoja de coca se legisle como un producto agrícola, patrimonio del Estado boliviano, “muy alejada de las sustancias controladas”. Núñez Tangara explicó que en la legislación vigente “el productor de coca es lo mismo que un narcotraficante”.
La nueva estrategia de control de producción de hoja de coca para el narcotráfico incluye reducir los cultivos en forma controlada por las mismas organizaciones cocaleras. “Nuestra voluntad es estabilizar el cultivo en 20 mil hectáreas: 12 mil para consumo interno, norte de Argentina y Chile y 8 mil para productos industriales. Según el monitoreo de Naciones Unidas hay 30 mil, que podemos reducir a partir de la nueva ley de coca, que estamos delineando las mismas federaciones cocaleras”, explicó.
La guerra andino amazónica, el Plan Colombia, el Plan Dignidad de Bolivia antes de que asumiera Evo Morales y la persecución en Perú fueron analizadas por el experto peruano Hugo Cabieses, quien presentó cifras contundentes: “En 1992 las hectáreas cultivadas entre Perú, Bolivia y Colombia eran 11.500, en 2004 se habían reducido apenas a 11.000. Esto significa que, bajo el pretexto de la lucha contra las drogas, están militarizadas las fronteras de nuestros países. Estos planes no aumentan los espacios democráticos, al contrario los restringen”.
Moderó el panel Mauricio Zorondo de Chile, Secretario Ejecutivo de la Escuela Nacional de Estudios y Formación en Abordaje de Adicciones y Situaciones críticas asociadas (EFAD)
Geopolítica: la criminalización de los estados en América Latina
Uno de los epicentros de la guerra contra las drogas fue la región andina. Diversos estudios señalan que esta guerra no se orientó a combatir el tráfico y consumo, sino que adquirió connotaciones de carácter ideológico y económico. Con esta explicación abrió el panel “Geopolítica de las drogas”, que tuvo como expositores a expertos de Bolivia, Colombia y Argentina, con la moderación de Horacio Cattani, juez argentino de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
“Desde Estados Unidos, la estrategia fue la erradicación de cultivos con varios instrumentos: la DEA y la CIA. El resultado no fue el buscado: no se logró erradicar, pero sí se intensificó la represión, especialmente con el llamado Plan Dignidad. Ese plan, sólo en 2002, se cobró 14 heridos y 10 muertos en el marco de las políticas de ‘coca cero’”, reveló el boliviano Froilán Castillo Siles, jefe de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID). Para el especialista, ante este panorama “cabe preguntarse si el enfrentamiento fue contra el tráfico o contra los productores y la hoja de coca”.
Castillo Siles concluyó: “La asunción del presidente Evo Morales, producto de la acumulación de una lucha histórica, permite que estemos en un camino que va en armonización, de descolonización del Estado y descolonización de las políticas contra las drogas”.
A su turno, el colombiano Ricardo Vargas Meza, director de Acción Andina y miembro asociado del Transnational Institute (TNI), dedicó su exposición a demostrar cómo los datos presentados por Naciones Unidas en relación con la efectividad del Plan Colombia (que muestran una reducción en dos años del 28 por ciento de la producción de cocaína) son cuestionables en función de la metodología utilizada. Según explicó, a fines de la década de 1990 la rendición de cocaína pura por hectárea se calculaba en 4,2 toneladas y en 2008 había pasado a 5,3 toneladas “Hay una trampa grande, porque al incluir la rendición por hectárea se descubre que la reducción fue del 16 % y no de un 28% como aparece en las estimaciones usando los estándares de Naciones Unidas”, afirmó.
“Los datos trabajados de esta manera tienen un sentido muy político. El tema del éxito del Plan Colombia justifica la estrategia represiva sobre la región”, advirtió Vargas Meza. Concluyó: “El problema del narcotráfico en Colombia y en el resto de América Latina no obedece a la ausencia de Estado sino que se relaciona más con un proceso de criminalización del Estado”.
El cierre del panel estuvo a cargo de Juan Gabriel Tokatlian, profesor e Investigador de la Universidad Torcuato Di Tella de la Argentina, quien analizó el contexto internacional actual y definió el régimen político de los fenómenos de las drogas enraizado en la dinámica global. Cuestionó las motivaciones que llevan a que se haya justificado toda una guerra en un 0,1 por ciento de la población con usos problemáticos de drogas a nivel mundial.
Y realizó tres recomendaciones: 1) regulaciones moderadas, estableciendo diferencias según el tipo de drogas; 2) exigir coherencia entre las políticas de derechos humanos, ambientales y de drogas y 3) incorporar la diplomacia ciudadana que realiza la población organizada para cuestionar las políticas actuales y proponer alternativas.
¿Nuevos vientos en América Latina?
La I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas insumió dos jornadas intensas, en las que en forma paralela a las mesas de debate, se produjeron cuatro reuniones satélite. La Red Americana de Intervenciones en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS) coordinó un encuentro con organizaciones integrantes de la Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan en Drogodependencia (RIOD) y con Intercambios para alcanzar una articulación y armar una agenda en común para la región. Luego, el miércoles 5 de agosto por la tarde, tuvo lugar una reunión entre funcionarios de gobierno, expertos y representantes de ONGs latinoamericanos con el fin de fortalecer el diálogo y concertar iniciativas. Por último, el viernes 7 de agosto por la tarde, se concretaron el encuentro entre usuarios de drogas y reductores de daños de la región, en vistas a ampliar la participación latinoamericana en la Red Mundial de Usuarios de Drogas y un encuentro de la Red de jóvenes comprometidos con la reducción de daños.
En el cierre de la I Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, sintetizó los dos días de encuentro: "Quizá por primera vez podemos decir que se siente un aire real de cambio en la región. Ojalá este sea el inicio de un proceso de trabajo que mejore las condiciones de nuestras poblaciones y las políticas de drogas para América Latina".
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